Cultura de la legalidad y corrupción impune

La cultura de la legalidad y de la justicia es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige, de todos y cada uno, una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales

Por Héctor Rodríguez Espinoza

• I. BALDAZO DE AGUA FRÍA.– “Cae México 3 posiciones en índice sobre corrupción“, reza la prensa mundial. Por tercer año consecutivo volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, de Transparencia Internacional. Del lugar 135 (medición 2017) al 138 de 180 países. Obtuvo 2.8 puntos en la escala de cero (el peor) a 10 (el mejor); en los últimos lugares entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como partes del aún vigente TLC, frente a Canadá (8.1) y Estados Unidos (7.1) —además de su back yard— somos el “patito feo” del clásico cuento del escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, Hans Christian Andersen (Odense, 2 de abril de 1805-Copenhague, 4 de agosto de 1875).

• II. CULTURA DE LA LEGALIDAD. En 1824, consumada nuestra independencia nacional, fue electo el primer presidente, Guadalupe Victoria y creadas las cámaras de senadores y de diputados. El nacimiento de nuestro Estado.

El Estado se basa en una cultura, la cultura de la legalidad y de la justicia. ¿Qué es?

Es la aceptación jurídica y moral laica de un marco jurídico constitucional y legal -previamente promulgado- por los ciudadanos y habitantes de un Estado. Actúa sobre la política nacional del Estado de derecho, tiene que ver con la actuación del gobierno.

La cultura de la legalidad y de la justicia es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige, de todos y cada uno, una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales.

Es crear la costumbre de manejarse cotidianamente con legalidad, sin que una tercera persona tenga que forzarnos. Estar consciente de que, si uno actúa de esa forma, se colabora a mejorar la sociedad de la que siempre nos quejamos, pero que deterioramos.

No actuar con legalidad puede ir, desde una mínima infracción de tránsito, hasta crímenes graves. Cualquiera de ellos enferma a la sociedad y hace que la convivencia sea cada vez más imposible.

• III. CARACTERÍSTICAS. Los expertos le atribuyen ocho características. Hagamos un brevísimo ejercicio y cotejémoslas con nuestra realidad:
• Las personas de una sociedad conocen las partes esenciales de las leyes más importantes del documento oficial que las rige.

NO. Nuestra educación integral y la legal es deficiente y nuestros índices de lectura —de menos de un libro por habitante al año— nos condenan. 

• La mayoría de las personas en una sociedad aceptan y comprenden las leyes marcadas por ellos mismo o por sus representantes.

NO. Como toda sociedad moderna, nuestra elefantiasis legislativa lo hace imposible aún para los especialistas en Derecho, sin perjuicio del famoso apotegma de Julius Herman Von Kirchman, en su conferencia de juventud en Berlín, “La Jurisprudencia no es ciencia”, desde 1847: “Basta una palabra del legislador, y bibliotecas enteras se convierten en basura”. 

• La sociedad está controlada y estructurada legalmente por poderes de la unión y un gobierno bien organizado.

NO. Ciertamente nuestra estructura constitucional abstracta está incólume, pero el problema es la eficacia concreta de sus instituciones y la estructura técnica y ética de las personas que las encarnan.

• Existe un castigo o sanción a las personas o grupo que cometan una violación a la ley.

NO. La cifra negra de la delincuencia nos dice que, aproximadamente, de cada 100 crímenes que se cometen, 12 son denunciados. De esos 12, sólo 10 llegan a la fase de averiguación previa o imputación. De esos 10, 8 son consignados ante el juez. De los 8 consignados, 6 son sujetos a proceso y merecen castigo. De quienes merecen castigo, las garantías individuales y la legislación sustantiva o procesal penal les permiten libertades anticipadas y no pocos reinciden, en un círculo perverso. Una fortuna gastada para una punibilidad del 5%.       

• Existe un proceso de defensa adecuada de acusados.

SÍ. Existe, pero siendo la filosofía de la defensa penal un fruto humanista para los inocentes acusados, por error o injusticia, una clase de abogacía particular —ignorantes o enemigos de toda moralidad profesional laica— les otorga, a los culpables, su encubrimiento, su complicidad y su no poco redituable modus vivendi.

“La misión del abogado —afirma Roberto Reynoso Dávila— es que se haga Justicia cumpliendo con los fines del Derecho. No se cumple con la misión del abogado, si éste se constituye, con su patrocinio, en paladín de la impunidad de los delincuentes en perjuicio de la seguridad pública. Un comportamiento profesional torticero como el indicado, solo fomentaría el fortalecimiento y aumento de la criminalidad, pues los delincuentes ya contarían con quien acudir para burlar la justicia y, en esta situación, el ‘abogado’ se constituiría, prácticamente, en cómplice de la delincuencia. Está bien que aún el criminal más bestial tiene derecho a ser defendido ante los tribunales y que el defensor no debe denunciar su culpabilidad, ya que esto compete exclusivamente al fiscal; pero de ello a alegar falsamente su inocencia, hay gran distancia”.

• Existe un sistema de apoyo a víctimas.

SÍ. En una tardía reforma constitucional se les rescata del olvido y les otorga el derecho a recibir asesoría jurídica e información del proceso; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir atención médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño y a solicitar medidas para su seguridad y auxilio.   

• Existe un sistema para cambiar las leyes.

SÍ. El método rígido del art. 135 constitucional, que gradualmente alcanza su eficacia.

• Se condena a la delincuencia y corrupción.

NO, prácticamente. La corrupción es otro ingrediente que no puede soslayarse y nos pide un alto.

• IV. METÁSTASIS. La corrupción en México es grave, sus costos socio económicos políticos y culturales elevados, su combate se ha hecho en forma interna y no con la Convención de Naciones Unidas. Tiene efectos devastadores sobre las economías; vacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio, ahuyenta a inversionistas y provoca la migración. Según el BM reduce la tasa de crecimiento de un país entre 0.5% y 1% por año. Según el FMI, la inversión en los países corruptos es un 5% menor. Para altos funcionarios y ciudadanos de más de 60 naciones en desarrollo es el mayor obstáculo para ello; el soborno es un costo para las empresas, declaran menos ventas, costos y nómina y pagan menos impuestos. El Estado pierde una cantidad sustancial de sus ingresos y los pobres llevan la peor parte, pagan mayores impuestos y reciben menos servicios públicos y beneficios sociales. La delincuencia organizada aumenta su participación. La ONU redobló sus esfuerzos. Se propició la firma de la Convención, en Mérida, Yucatán, México, del 9 al 11 de diciembre del 2003, materia de mi contribución académica e investigación doctoral.