Derecho Humano al Agua ¿En un callejón sin salida?

A lo largo de más de siete años de la inclusión del DHAS en la Constitución, ese derecho no se han materializado en decisiones administrativas

Por Juan J. Sánchez Meza

Una vez que en el año 2012 se incluyó en la Constitución Mexicana el reconocimiento al derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS), un directivo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, ANEAS, que agrupa a los organismos operadores de los sistemas de agua potable más importantes del país, hacía la estimación de que nuestro país necesitaría invertir unos 30 mil millones de pesos para satisfacer plenamente ese derecho.

Ese cálculo habría que llevarlo al año 2015 en el que, de acuerdo con INEGI, la cobertura del servicio de agua potable era de 94% en el medio urbano y de 85% en el medio rural, lo que nos arrojaría un total aproximado de 10 millones de mexicanos que, hacia el año 2015, carecían de agua potable en su casa. Hay que decir que esa cifra es engañosa, porque toma en cuenta a la vivienda que cuenta con una toma de agua, no a la vivienda que efectivamente recibe el servicio de agua pues, como bien sabemos los hermosillenses, una cosa es tener instalaciones de agua y otra muy distinta es la de contar con el líquido.

La mala noticia es que el presupuesto que el gobierno federal destina a los estados para obras de agua potable ha venido descendiendo precisamente desde el año 2015.     

En conclusión, si por una parte no existe todavía una Ley General de Agua expedida por el Congreso de la Unión que nos diga claramente a los ciudadanos la forma en que cada uno de los órganos de gobierno federal, estatal o municipal va a garantizarnos el agua y el saneamiento y si, por otro lado, se amplía la brecha entre la cantidad de recursos públicos requeridos para ampliar la cobertura de esos servicios y la aportación efectiva de los mismos, cabría preguntarnos ¿de algo sirve que en México se haya expedido una reforma constitucional como esta? Es decir, ¿es justiciable hoy día el DHAS en México?

La respuesta, en principio, es que sí lo es, a través del juicio de amparo, así como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, a lo que usted dirá, con toda razón, amable lector, lo poco atractivo que resulta la justiciabilidad de un derecho humano que dependa de mecanismos judiciales complejos como son los que aquí menciono, lo que nos llevaría a reconocer que la operación administrativa del Estado es, como en muchos casos, inoportuna, obsoleta, inacabada e inequitativa, ya que obliga a los ciudadanos a recurrir a estos procedimientos, a pesar de que se trate de hacer efectivas una serie de obligaciones que aplican a todas las autoridades y que, por si fuera poco, se encuentran establecidas nada menos que en la propia Constitución Política del país.

Sin embargo, lo invito a que no perdamos las esperanzas y a que pensemos en probables soluciones de alcance local que, sin descartar las señaladas, no están sujetas a las complejidades propias de los trámites judiciales.

Ello es posible, por ejemplo, a través del trabajo legislativo local que haga posible que lo que ya está señalado en la Constitución Política, e incluso en la del estado de Sonora, se precise en una ley local y se identifique claramente a las autoridades responsables de cumplir con las obligaciones que garanticen el DHAS.

Me refiero a medidas que se expresen en compromisos presupuestales que permitan el incremento de las obras de infraestructura hidráulica a través de programas estatales y municipales de inversión de largo plazo, así como reformas de carácter administrativo que favorezcan la modernización de los sistemas de agua potable, eviten la toma de decisiones inducidas por intereses político electorales y aseguren la profesionalización de los funcionarios dedicados a los servicios de agua potable y saneamiento.

Una cosa es cierta, a lo largo de más de siete años de la inclusión del DHAS en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y unos pocos menos en la del estado de Sonora, ese derecho no se han materializado en decisiones administrativas claramente orientadas a garantizarlo y no parece existir ningún incentivo de carácter oficial para propiciar el cambio que exige la situación de desastre que enfrenta la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento.

Parecería que el impulso que requiere esta transformación tendría que venir de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, centros de investigación y grupos profesionales preocupados por el futuro de la ciudad.

En lo personal, después de esperar todos estos años, realmente no veo otra salida.

A propósito de esto, ¿a usted, estimado lector, qué le parece?    

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