El gobierno de Baja California no soporta la presión

Los alrededor de cinco mil integrantes de la Caravana Migrante que se distribuyen entre Mexicali y Tijuana son apenas el inicio de un éxodo imparable; la orden de una Corte Federal en San Francisco de aceptar la solicitud de asilo sin importar cómo hayan entrado al país despresuriza la situación

Por Imanol Caneyada

Mexicali, BC.- En plena avenida Justo Sierra, muy cerca de la UABC, una patrulla se detiene a un lado de lo que parece un migrante. Viste ropa gastada, lleva una mochila a la espalda y una cobija en una bolsa de plástico. Los oficiales de la policía preventiva de Mexicali descienden de la patrulla, lo colocan bocabajo sobre el cofre, lo esposan, le vacían los bolsillos… minutos después lo meten en la patrulla y se lo llevan.

El destino, como el de una treinta de migrantes en los últimos días, será las autoridades migratorias mexicanas, a quienes lo entregarán por haber cometido faltas al bando de policía y gobierno, eso es al menos el argumento que esgrime la municipalidad ante detenciones aparentemente arbitrarias.

Sobre la misma avenida, otros migrantes de parecido aspecto caminan hacia la garita fronteriza con Calexico. No lo hacen juntos, van desperdigados, temerosos, con la mirada fija en el piso, evitan hacer contacto visual y cuando sienten una presencia a sus espaldas, respingan, se hacen a un lado y buscan refugio entre los edificios.

Pero son los menos.

Alrededor de 3 mil de los 5 mil migrantes que han llegado a Baja California en los últimos días se encuentran en la capital del estado. Aunque su destino, como lo han expresado, es Tijuana. Esta ciudad en pleno desierto no les ofrece lo que buscan, la proximidad de una gran urbe como San Diego o Los Ángeles donde mimetizarse, donde perderse entre la multitud.

Tanto en Calexico como en Yuma, las ciudades más cercanas al cruce por Mexicali, serían presa fácil de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Por ello, este miércoles 21 de noviembre, al despuntar el sol, cerca de mil quinientos miembros de la caravana migrante que pernoctaban en Mexicali iniciaron una travesía a pie rumbo a Tijuana. Una larguísima cadena humana, cansada, destrozada, con niños en brazos y mujeres embarazadas, enfermos muchos, agotados, que pegados al acotamiento emprendieron el ascenso a La Rumorosa con las últimas fuerzas que les quedan; después solo resta ver la forma de cruzar la frontera.

Una caminata que ya le costó la vida a un migrante adolescente aún sin identificar, atropellado la noche del martes en el tramo carretero La Rumorosa-Tecate, por un automóvil que no detuvo su marcha. El muchacho murió en el lugar.   

Otros quinientos migrantes, el mismo martes 20, pudieron organizarse, juntar una coperacha de poco más de 80 mil pesos (a 150 pesos por persona) y rentar diez camiones a bordo de los cuales partieron a Tijuana.

Algunos lograron aventón en camiones de redilas y colgados se aventuraron en la última etapa de este viaje infernal que inició hace más de un mes y miles de kilómetros atrás.

Los cachanillas, a diferencia de los tijuanenses, no sienten tanto la presión de la llegada masiva de migrantes a su ciudad; saben que están de paso, saben que su destino es Tijuana, que no se quedarán mucho tiempo, por lo que no se han manifestado como los tijuanenses en contra de los migrantes ni los han agredido.

Pero sí han sentido el caos que el martes provocó el simulacro de cierre de garitas que realizó la autoridad estadounidense ante una posible entrada abrupta de migrantes. Duró apenas unas tres horas, pero fue suficiente para que el flujo constante que se da entre estas ciudades y sus contrapartes vecinas se cortara afectando laboral, social y económicamente a Baja California.

El vaticinio es que si el simulacro se convierte en permanente, el costo económico para la entidad será desastroso.

Los funcionarios del Gobierno de Baja California han externado que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades fronterizas de Estados Unidos, pero el simulacro del martes dejó en evidencia que no hay tal cooperación y que el país vecino va a actuar de forma unilateral preservando su frontera.

Con los albergues rebasados tanto en Tijuana como en Mexicali y el anuncio de que vienen más migrantes en caravana, la presión sobre el Gobierno de Baja California es tal que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no ha dejado de clamar por el prometido apoyo del Gobierno federal de 80 millones de pesos que a fecha de hoy no le entregan; a una semana de que Peña Nieto deje el cargo y con la incertidumbre de cómo actuará el gobierno entrante.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha sido enfático en sostener que únicamente atenderán las demandas de asilo de aquellos migrantes que entren por una garita y demanden el asilo ante una autoridad estadounidense en la frontera. El gobierno de Baja California ha logrado que las autoridades migratorias del vecino país atiendan cien casos al día, el promedio era de cincuenta, pero este pequeño logro es más que insuficiente ante la creciente llegada de migrantes.

La noticia de que una Corte Federal ha ordenado a Trump que debe respetar la ley migratoria vigente, en la cual se establece que alguien que haya entrado de manera ilegal al vecino país puede solicitar asilo, ha conseguido quitar un poco de la mucha presión que vive en estos días Baja California.