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Evaden responsabilidad con migrantes

El Gobierno de Sonora y el Instituto Nacional de Migración (INM) suman esfuerzos para garantizar los derechos humanos de los migrantes.
El Gobierno de Sonora y el Instituto Nacional de Migración (INM) suman esfuerzos para garantizar los derechos humanos de los migrantes.

Por Gerardo Moreno

El Estado y los 72 Ayuntamientos han evadido su parte de responsabilidad en el tema de atención y protección a migrantes que llegan a Sonora, a pesar de estar obligados por Ley.

Siempre que se pregunta a las autoridades de Sonora sobre su labor alrededor del tema migrante la respuesta es que ellos no son competentes solo la Federación.

Pero, desde el seis de diciembre del 2007 está vigente la “Ley de Protección y Apoyo a Migrantes” que obliga al Estado a implementar programas y políticas públicas de apoyo a este grupo vulnerable, aunque parece ser letra muerta.

Entre las principales obligaciones incluidas está el regreso seguro, dar servicios de asistencia social, promover la operación de albergues públicos y privados, proporcionar alimentación, servicios médicos y asistencia jurídica, además destinar recursos para los programas.

Todo esto debe ser coordinado por una Oficina de Atención a Migrantes que dependa de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, esta fue absorbida por la “Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes”, que dirige Amos Moreno Galindo, y al momento no se ve que se tome en serio el tema.

Por ejemplo, se debía crear un “Consejo Estatal de Atención a Migrantes” presidido por la misma Gobernadora e integrado por funcionarios estatales, los presidentes de los municipios fronterizos y cinco miembros de la sociedad civil y no se tiene registro público que se reúna o que siquiera se haya conformado.

Además se debería crear un “Registro Estatal de Migrantes” que ayude a medir el fenómeno y así poder adelantar programas y políticas de atención, pero tampoco se tiene conocimiento de su existencia.

La Acción del estado se ha limitado a dar dinero a las asociaciones civiles para que otros atiendan el problema. Dentro del presupuesto para el 2019 a la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes se le asignó un recurso total de 24.7 millones de pesos, de los cuales 18.5 son directos al programa de apoyo a albergues y el resto es gasto operativo.

Viendo la magnitud del fenómeno y cómo va en aumento con las caravanas migrantes y el endurecimiento de la política de Estados Unidos, las acciones resultan insuficientes y parece que nadie le presta la atención debida.

Así lo veo yo ¿cómo lo ven ustedes?