La deuda pública ahoga a los municipios de Sonora

Malas prácticas y vicios recurrentes arrojan un pasivo total agregado de casi de 8 mil millones de pesos, Hermosillo encabeza la lista con poco más de 3 mil millones; la mínima captación de recursos de los ayuntamientos y la dependencia del presupuesto federal nubla el panorama

Por Imanol Caneyada

Salvo raras excepciones, cada trienio, la administración municipal entrante en cualquiera de los 72 Ayuntamientos de Sonora, se encuentra con unas finanzas públicas en ruinas, producto de las irregularidades, los malos manejos y la ineficiencia administrativa.

Cada trienio, las 72 administraciones municipales adquieren alguna clase de deuda para solventar esta situación; pero lejos de buscar soluciones, al término del periodo, entregan las finanzas públicas a su sucesor en el mismo estado de ruindad o peor, a causa de las mismas prácticas que denunciaron.

Este círculo vicioso ha llevado a los municipios de Sonora a acumular un pasivo total agregado de 7,906 millones de pesos, según el Informe Ejecutivo de la cuenta pública 2016 realizado por el ISAF.

Para evitar confusiones, recurramos a la Ley Federal de Deuda Pública, que en su Artículo Primero define:

La deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o constituyentes derivadas de financiamientos.

Y matiza en el Artículo Segundo: Se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del país de créditos, empréstitos o préstamos.

En términos contables, un pasivo consiste en las deudas que la empresa (administración pública en este caso) posee, recogidas en el balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas.

El pasivo total de los municipios de Sonora sigue en aumento, lo que en términos prácticos significa hipotecar el futuro de los habitantes de la entidad, ya que un porcentaje cada vez mayor del presupuesto debería destinarse al pago de estos pasivos, es decir, de la deuda.

El informe ejecutivo del ISAF refleja que del 2015 al 2016, hubo un aumento en el pasivo total agregado de 700 millones de pesos.

En este aumento anual de la deuda, Hermosillo se lleva la mayor tajada del pastel en lo que se refiere a Pasivos de Largo Plazo, con 310 millones de pesos¸ seguido de Nogales con 96 millones de pesos.

Y para aquellos que argumentan que no es posible disminuir la deuda, en este mismo rubro Caborca logró en 2016 respecto del año anterior, una disminución de poco más de 13 millones de pesos, y Agua Prieta consiguió aminorar la deuda en casi 11 millones de pesos.

Gasto corriente vs. Pago a deuda

El análisis de la cuenta pública 2016 del ISAF arroja que las administraciones municipales siguen efectuando las mismas prácticas que nos han llevado a un grado peligroso de endeudamiento.

Los ingresos totales de los 72 municipios sumaron poco más de 11 mil millones de pesos en 2016; pero de este monto deben por pasivos totales casi el 80%; no obstante, al pago de deuda los ayuntamientos de la entidad destinaron únicamente un 7% (790 millones), mientras que los servicios personales absorbieron un 38% (poco más de 4 mil millones de pesos).

Los servicios personales son, como ya lo ha adivinado, las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, prestaciones de carácter socioeconómico y las obligaciones fiscales y de seguridad social, es decir, los salarios, prestaciones y préstamos de los burócratas.

En cuanto a la otra parte del gasto corriente, el de servicios generales, los municipios de Sonora destinan un 17% (mil ochocientos millones de pesos).

La suma de estos dos gastos, que únicamente sirven para mantener el funcionamiento del aparato burocrático, significan un 55% del presupuesto, frente al 18% destinado a inversión pública.

En la mayoría de los casos, según puede interpretarse del informe ejecutivo del ISAF, las administraciones municipales continúan con unas prácticas financieras que pronto terminarán por llevarnos a un callejón sin salida, es decir, un obeso gasto corriente que se traduce en más endeudamiento, pocos recursos destinados a pagar la deuda y una disminución en la inversión pública.

Incapacidad de captar recursos propios, dependencia federal

Frente a otros modelos financieros de la administración pública, los cuales buscan reforzar la captación de recursos de entidades y municipios, en México todavía impera el centralismo presupuestal, lo que se traduce en dependencia económica del Gobierno federal, es decir, en sometimiento político.

Aunque las comparaciones son odiosas, en países como Noruega, Suiza, Alemania o Canadá, según la OCDE, la captación de recursos propios de entidades y municipios supera el 50% del total de su presupuesto de ingresos.

En el caso de los municipios de Sonora, el informe ejecutivo del ISAF establece que únicamente 26% del presupuesto de ingresos corresponde a captación de recursos propios.

Si tenemos en cuenta que la suma de los servicios personales y generales es de 55% del presupuesto, es evidente que los ayuntamientos de la entidad ni siquiera pueden solventar su gasto corriente, es decir, no son autosustentables y deben estirar la mano para captar recursos del Gobierno federal  para pagar  30%  del gasto de nóminas y mantenimiento en general, además de cubrir los servicios municipales que por ley están obligados y la inversión pública.

Durante muchos años, y sustentado en los ingresos petroleros, los municipios pedían al Gobierno central y éste les daba discrecionalmente; los recursos entraban en la famosa revolvedora administrativa y al final, la nula fiscalización de los mismos arrojaba un desconocimiento total del uso de estos recursos.

Con el paulatino endeudamiento público, el descenso en los ingresos derivados del petróleo y la cada vez mayor exigencia de transparencia por parte de la sociedad, los recursos federales destinados a los municipios han sido etiquetados para obras y servicios específicos con la subsecuente comprobación del gasto y su fiscalización.

Pero como la ley hace la trampa, las administraciones públicas municipales se las han ingeniado para crear empresas fantasmas y contratar proveedores cómplices con los que justificar fiscalmente el gasto, aunque este no se haya ejercido en lo que correspondía.

Las observaciones a la cuenta pública de los municipios 2016 que ha hecho el ISAF suman un total de 2189, de las cuales, únicamente se han solventado 248.

Pero más allá de esto, el análisis del Informe Ejecutivo arroja que las prácticas administrativas no han variado salvo honradas excepciones, es decir: más deuda, obeso gasto corriente y poca inversión pública.

Si un consejo directivo de cualquier empresa privada presentara estas cifras, sus integrantes serían expulsados de inmediato.