La partidocracia se resiste al Sistema Estatal Anticorrupción

A ocho meses de la aprobación del SEA, sociedad civil y empresarios exigen al Congreso reformen y aprueben de forma abierta las leyes secundarias para que sea operante

Por Imanol Caneyada

En ocho meses, el Congreso del Estado no ha sido capaz de crear y aprobar las leyes secundarias que permitirán la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual, como ya señaló a este medio el diputado por Movimiento Ciudadano Carlos León García, de momento es totalmente inoperante.

El 30 de junio de 2016, en la última sesión del segundo periodo ordinario, sin discusión previa en comisiones y de forma apresurada, el Congreso aprobó la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, derivado de la creación de su homólogo a nivel nacional.

De manera unánime los 33 diputados aprobaron el proyecto de ley que actualizaba y modificaba diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, así como a un conjunto de leyes y al Código Penal de Sonora.

Sin embargo, no fue hasta el 28 de noviembre de ese mismo año que las diversas disposiciones y modificaciones a la constitución estatal se publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Lo siguiente era la creación y aprobación de al menos cinco leyes secundarias y la reforma de otras dos que permitan realmente aplicar dicho sistema.

En entrevista concedida a Primera Plana, el legislador de Movimiento Ciudadano Carlos León García advirtió la falta de voluntad de los partidos dominantes en el Congreso (PRI y PAN) para sacar adelante las modificaciones a las leyes secundarias que otorguen realmente los instrumentos a las diferentes instituciones para combatir la corrupción y la impunidad.

Y aseguró que no iba a ser el sistema de partidos quien hiciera un cambio verdadero, pues son cómplices de la corrupción.

Así las cosas, el pasado seis de marzo, Sonora Ciudadana y Coparmex Sonora Norte hicieron público un posicionamiento conjunto en el que exigían, por un lado, que el Congreso se activara en la aprobación de estas leyes secundarias, ya que el plazo para ello se vence el 18 de julio del presente año, según las disposiciones del Congreso de la Unión.

Y por el otro, que las reformas y modificaciones se realicen de forma abierta, con participación de la sociedad civil.

“Quedan escasos cuatro meses para realizar las adecuaciones descritas y hasta el momento, en el Congreso de Sonora no se ha instalado un proceso público para comenzar los trabajos”, denuncian ambos organismos, uno representante de la sociedad civil y el otro del empresariado.

A pesar del acercamiento que las dos instituciones han tenido con los legisladores sonorenses para establecer un proceso transparente, “vemos preocupante la falta de respuesta y que no se instale de manera pública un proceso abierto y transparente y más aún, que se esté discutiendo ya alguna iniciativa o reforma de ley, en la opacidad”, aseveran.

El temor de Sonora Ciudadana y Coparmex es que a última hora, las reformas legislativas se hagan a conveniencia de quienes ejercen el poder y una vez más el combate a la corrupción y la impunidad sea únicamente una simulación.

“El espíritu del Sistema Anticorrupción en México es mitigar las malas prácticas que han sido la base de la toma de decisiones de nuestros representantes, cuyos resultados los vivimos cada día. Permitirle a esta sistema avanzar es dar cabida a un esquema innovador, seguro, incluyente y que de certeza y certidumbre al ciudadano de que, quienes deciden sobre los asuntos públicos y sus procesos jurídicos son personas comprometidas con la sociedad.

“Por lo tanto, los legisladores deben poner el ejemplo en este cambio de prácticas, porque la forma también es fondo y aprobar leyes Anticorrupción de manera fast track, unilateral o sin apertura pública, es seguir con la misma praxis que atenta contra el espíritu del sistema Anticorrupción y es inadmisible y un retroceso”, expresan en el posicionamiento.

Las cinco leyes que ambos organismo exigen que sean creadas bajo el escrutinio y supervisión de la ciudadanía son:

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora.

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Sonora.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

Todas ellas tienen su equivalencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, Sonora Ciudadana y Coparmex Sonora Norte piden al Congreso que las reformas a la ley pendientes se den en un proceso abierto y transparente.

Estas son:

Reformas al Código Penal del Estado de Sonora.

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora.

Así como la designación del Fiscal General Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

El llamado está ahí: “Abrir el proceso de discusión de estas leyes, para establecer mesas de trabajo plurales, que incluya participación de las Cámaras empresariales, del colegio de abogados, notarios, contadores públicos, academia, expertos en temas e integrantes de organizaciones de la sociedad, para enriquecer y nutrir el debate”.

El silencio del Congreso podría leerse como la apuesta a sostener un sistema sobre el que la gente ha expresado su hartazgo y exige ponerle fin.