“No somos empresa fantasma”, aclara empresario sobre Caso Camionetas de magistrados

Los ocho autos de lujo rentados para los altos funcionarios del Poder Judicial, seguirán pagándose hasta 2020; la empresa defiende que del Gobierno les solicitaron el servicio y cumplieron

Por Gabriel Rigo Gutiérrez

El proceso de adquisición de ocho camionetas nuevas para altos funcionarios del Poder Judicial del Estado, es completamente legal y siempre “tratan de hacer las cosas bien”, sostiene Alfredo Grijalva Gámez.

El representante legal de la empresa “Proveedora de Insumos Médicos, Industriales Comerciales y Servicios de Sonora”, que durante 2016 y 2017 firmó contratos de arrendamiento con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), explicó que cumplen con los trámites legales.

En entrevista con “Primera Plana”, Grijalva Gámez, de entrada asegura que de ninguna manera son empresa “fantasma”. Cuentan por lo menos con diez años trabajando en el giro de automóviles.

Explica que la dirección del establecimiento es en la calle Jalisco número 10, entre Manuel González y Revolución, no en Jalisco 10 entre Juárez y Matamoros, como apareció en la edición No. 2368 de este semanario.

En esta otra ubicación, se pudo observar un taller de carrocería y detallado, mismo que en un inicio era de su propiedad pero con el tiempo el espacio físico pasó a otros socios. En ese lugar surgió PROIMICS, argumenta, por eso se quedó esa dirección. Ahora sus oficinas están sobre el boulevard Rodríguez No. 110.

Amén de la dirección fiscal, Grijalva aclara que desde 2007 a la fecha su empresa ha pasado por dar servicios de carrocería a particulares, después comenzaron a trabajar para varias Aseguradoras —con daños a terceros—, luego incursionaron en la renta de autos.

Ante el cuestionamiento de por qué una “Proveedora de Insumos Médicos” estaba brindando servicios como venta de camionetas de lujo, el empresario asegura que este “nombre legal”, derivó porque desde sus inicios encontraron una oportunidad brindando el servicio de mantenimiento mecánico a las ambulancias. Hasta la fecha siguen con esos clientes.

Todo esto, apunta, incluido el arrendamiento de autos, está fijado en el abanico de facultades que tienen como empresa ante el SAT.

Para el caso particular del contrato con los magistrados, refiere que el año pasado le requirieron de la institución gubernamental una cotización para una camioneta. Hizo la corrida del financiamiento y entregó el resultado al cliente.

En el STJE, opina, debieron haber visto otras cotizaciones y los eligieron a ellos por tratarse de la opción más baja.

Cuestionado sobre el precio, no duda en señalar que cualquier otra empresa en ese giro están más altas en sus tarifas. “Si vas a cualquier arrendadora y le dices quiero rentar una Expedition o una Suburban del año te va costar cuatro veces más de lo que yo estoy arrendando”.

Precisa que PROIMICS no cuenta con los automóviles en exhibición. Ellos van haciendo “trajes a la medida” del cliente, lo que también se le denomina en el mercado como “leasing”. Primero consiguen un financiamiento para adquirir la unidad que solicitan en renta, pagan el seguro, las placas y lo entregan.

Esta primer adquisición, al igual que el resto de las camionetas, según confirma Grijalva, fue mediante “Adjudicación Directa”, como también se puede constatar en la página web del Poder Judicial y a la cual están obligados a informar según la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Y según los reportes de transparencia, la deuda por las ocho camionetas alcanza un total de 11 millones 972 mil 719 pesos. Todos los contratos, autorizados por Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.

“No fue un contrato global, vienen en fechas escalonadas, de acuerdo a lo que me fueron pidiendo. De inicio pensé que era un solo carro y se fueron dando y de la misma manera también iba viendo cómo iba consiguiendo los créditos”, explica Grijalva.

El empresario que también tiene inversiones en el ramo de energías limpias, gimnasios y autos, añade que cuando finalice el contrato, el costo de la unidad será cero. “Les facturo el carro. Haz de cuenta que a mí me terminaron de pagar el vehículo y se entrega”.

Hasta entonces —algunos casos hasta el 2020—, las camionetas de lujo pasarán a ser propiedad del Poder Judicial, aunque los que conducirán cómodamente seguirán siendo los magistrados.