Oneroso pero ineficiente, el presupuesto de Seguridad Pública

Según un informe del Senado, en la última década, el presupuesto total destinado a Seguridad Pública en México ha aumentado en casi 400 mil millones de pesos; Sonora ha recibido en diez años participaciones por más de 5 mil millones de pesos bajo ese concepto

Por Imanol Caneyada

En los últimos años, la seguridad pública ha desplazado al tema que solía ocupar el lugar preferencial entre los mexicanos: la economía.

Si en la década de los 80 y los 90, el empleo, las devaluaciones y la inflación preocupaban al mexicano promedio por encima de cualquier otro rubro de la cosa pública, con la llegada del nuevo siglo, la inseguridad se ha convertido en su principal angustia.

En el mes de junio de este año, el Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado de la República, dio a conocer un informe en el que analiza el comportamiento del gasto público enfocado a temas de seguridad durante el periodo 2006-2016.

Lo primero que llama la atención es que en una década, el presupuesto federal destinado al rubro ha aumentado en casi 400 mil millones de pesos.

Si en 2006 se programaron alrededor de 575 mil millones de pesos para las diversas instituciones involucradas en la seguridad pública (SSP, Segob, Sedena, SEP, PGR, Policía Federal) y en participaciones para entidades federativas y municipios, en 2016 la cifra supera los 900 mil millones de pesos.

En el caso de Sonora, por concepto de Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) la entidad ha recibido en estos diez años recursos por mil quinientos millones de pesos.

En el rubro de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ha recibido en este mismo periodo un total de 3,624 millones de pesos.

Estos montos contrastan, por ejemplo, con los señalamientos que realizó en su momento la actual administración municipal de Hermosillo, en el sentido de que encontraron una flota de patrullas policiales diezmada e inservible.

Mientras tanto, en fechas pasadas el INEGI daba a conocer una encuesta de percepción sobre la inseguridad entre los mexicanos, en la que señalaba que el 75% de los mexicanos considera insegura su ciudad para vivir.

En el caso de Hermosillo ascendía al 82% de sus habitantes.

Dentro del informe realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cuyo título es “Panorama del Gasto Federal en Seguridad, 2006-2016”, llama poderosamente la atención la gráfica “Personas en reclusión por delitos federales, sentenciadas y procesadas 2006-2016”.

En 2006 las personas sentenciadas por delitos federales fueron poco más de 30 mil, mientras que en 2016 supera escasamente las 20 mil personas, esto, a pesar de duplicar el gasto en los diferentes rubros destinados a la seguridad pública.

En el caso de las personas procesadas por delitos federales, esto es, en prisión preventiva en espera de juicio, se ha mantenido el número en alrededor de 20 mil.

Lo anterior evidencia el descenso en la efectividad de la PGR a la hora de ganar los juicios que enfrenta.

Los cinco mil millones de pesos que el estado de Sonora y sus municipios han recibido vía el Subsemun y el FASP a lo largo de estos diez años no han servido para disminuir la incidencia delictiva en la entidad.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Sonora, en 2006, se registraron 37 mil 321 denuncias por delitos del fuero común (robo, robo con violencia, homicidio, secuestro, violación).

En 2016 el número de denuncias por delitos del fuero común llegó a 39 mil 423.

A esto hay que añadirle que Hermosillo se ha convertido en la quinta capital de Sonora con más reos reincidentes, según una reciente encuesta del INEGI; casi la mitad de los internos en el Cereso I de Hermosillo está ahí por un segundo delito o más. Exactamente 45.5%.

La guerra contra el crimen organizado

A partir de 2006, el Gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado. Ante la comprobada corrupción e infiltración del crimen entre las filas de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, la estrategia fue convocar “temporalmente” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de la Marina (SEMAR) en el combate al crimen organizado.

En 2006, la SEDENA contó con un presupuesto de 40 mil 515 millones de pesos. La SEMAR con 15 mil 10 millones de pesos; en 2016, la SEDENA tuvo un presupuesto de 74 mil 361 millones de pesos y la SEMAR ejerció más del doble del presupuesto con 32 mil 120 millones de pesos.

A pesar del considerable aumento en ambas secretarías en una década, los resultados en el combate al crimen organizado dejan mucho que desear.

Desde ese once de diciembre de 2006 en que el presidente Felipe Calderón, vestido de militar, declaró la guerra al narcotráfico, hasta diciembre de 2016, la suma de muertos es de alrededor de cien mil y 30 mil los desparecidos, según han reportado diferentes ONGs.

Pero más sorprendente aún es el hecho de que una institución que no es operativa, si bien tiene a cargo la seguridad interior del país, como es el caso de la Secretaría de Gobernación, haya elevado casi diez veces su presupuesto.

En 2006 ejerció 9,900 millones de pesos; en 2016 tuvo un presupuesto asignado por 83,232 millones de pesos.

A la par, instituciones operativas pilares de la seguridad pública como la Policía Federal y la PGR tuvieron alzas en sus presupuestos muy poco significativas en una década.

En 2006, la PGR contó con un presupuesto de 13,305 millones de pesos; diez años después el presupuesto fue de 16,608 millones de pesos, apenas tuvo un crecimiento sostenido durante la década estudiada de 3 mil millones de pesos, contra los 73 mil millones de pesos de la Segob.

En el caso de la Policía Federal, de los 35,730 millones del 2006, el presupuesto creció hasta los 57,982 millones de pesos del 2016.

Los exorbitantes aumentos al presupuesto destinado a la seguridad pública como medida para prevenir y combatir el delito y al crimen organizado, de momento, no han dado resultado.

Faltan, como han señalados expertos en el tema, estrategias de prevención y trabajo de inteligencia, pero esto último parece que no le interesa al Gobierno federal, pues de los 83,232 millones de pesos que tuvo de presupuesto en 2016 la Secretaría de Gobernación, únicamente invirtió en el rubro de Inteligencia para la Seguridad Nacional 4 mil millones de pesos, siempre según las cifras que reporta el informe del Senado.