Acusan a infanta Cristina de fraude fiscal

La infanta Cristina, la hija menor del rey de España, Juan Carlos de Borbón, fue acusada nuevamente hoy por el juez del caso Nóos, José Castro, y tendrá que declarar el próximo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, así consta en el acto judicial de 227 folios recibido por las partes.

El magistrado atribuye a la infanta un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal presuntamente cometidos por la hija del monarca en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que habrían desviado ella y su marido, Iñaki Urdangarin, más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos, creado por el duque y su socio Diego Torres, ambos también imputados por malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

Precisamente, Urdangarin y Torres están bajo sospecha judicial tras embolsarse –según el juez- 5.8 millones de euros a través de su Instituto Nóos –una fundación supuestamente «sin ánimo de lucro»- en sus tratos con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambos del gobernante Partido Popular (PP).

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que no ve elementos para implicar a la infanta, pedirá más de 12 años de cárcel para su esposo por los supuestos delitos cometidos.

Los informes de la agencia tributaria apoyan las tesis del fiscal y exoneran a la infanta mientras que los informes policiales han revelado que Cristina de Borbón cargó pequeños gastos personales a la empresa a la que fue a parar casi un millón de euros procedentes del Instituto Nóos.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a la infanta Cristina están severamente castigados por el Código Penal español.

El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra distraída a Hacienda.

De esta manera, si la Audiencia de Palma de Mallorca no bloquea la imputación y desautoriza al juez -como ya ocurrió en un primer auto del mes de abril de 2013 en el mismo sentido-, la infanta Cristina deberá comparecer en el juzgado de Palma para ser interrogada, algo que nunca ha ocurrido en la historia de la Casa Real de España.

Tras conocer la noticia, la Casa del Rey se ha limitado a expresar su «respeto a las decisiones judiciales», mientras que partidos de oposición e independentistas celebraron la imputación de la infanta ya que subrayaron «la justicia debe ser igual para todos».

Milenio