Autos chocolate: el delito que no es delito y viceversa

Por Imanol Caneyada

Autos chuecos, autos chocos, autos chocolate, en la siempre inventiva genial de los mexicanos; vehículos que se introducen ilegalmente al país, no pagan aranceles, no pagan impuestos y circulan al cobijo de una tácita permisividad en nombre de los más necesitados.

¿Pero es cierto que este hacerse de la vista gorda beneficia a los más necesitados?

En los estados fronterizos, el registro en organizaciones (ONAPAFA, UCD, ANAPROMES, CNC, entre otras) que supuestamente amparan a dichas unidades ilegales cuesta entre mil quinientos y dos mil pesos.

Estimaciones conservadoras calculan que hay alrededor de tres millones y medio de autos chuecos en el país, (400 mil en Sonora). Un negocio redondo cuya ilegalidad no supone ninguna clase de riesgo, pues las autoridades, tanto federales como locales, decidieron hace dos décadas ignorar un delito que no es delito.

El principal argumento que ha sostenido esta actitud indefinida y contradictoria es el de la necesidad que los sectores más vulnerables de la población tienen en cuanto a su movilidad. Los vehículos usados de procedencia estadounidense son mucho más baratos que sus correspondientes nacionales.

Uno de los mayores promotores de esta idea fue el ex presidente Vicente Fox: los vehículos ilegales eran una solución a la movilidad de la clase trabajadora, repitió en muchas ocasiones.

En los últimos años, sobre todo los estados fronterizos, se han visto inundados por autos chuecos, muchos de ellos en precarias condiciones, peligrosos para la circulación e indetectables si se usan para cometer un acto ilícito.

El otro efecto de esta invasión ha sido que las autoridades locales a lo largo y ancho de la frontera han evadido la responsabilidad de impulsar un transporte público digno y accesible, por lo que el círculo vicioso se reproduce hasta el infinito.

A últimas fechas, el argumento asistencialista ha sido pulverizado con la comprobación constante de que muchas de esas unidades que circulan ilegalmente por el país son modelos deportivos o de lujo, los cuales, supuestamente, no pueden ser importados bajo ninguna modalidad.  

No podemos olvidar que detrás de este argumento asistencialista, hay una cadena de corrupción e impunidad que salpica a las autoridades aduaneras del país y a las diferentes corporaciones policiacas.

Es un hecho que si un vehículo no fue importado cumpliendo con lo que estipula el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, pues simplemente no puede circular por las calles y carreteras de este país, y sin embargo, circulan.

El pasado mes de febrero, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se anotó un triunfo al convencer a la Secretaría de Economía a que extendiera la vigencia del mencionado decreto, el cual vencía el 31 de este mes, pero que permanecerá activo hasta diciembre de 2019.

La AMDA ha sido una de las organizaciones que mayor batalla ha presentado en los últimos años a la importación legal e ilegal de autos usados al país, pues el daño económico para la industria automotriz asentada en suelo nacional ha ido en aumento, al grado de que este 2019 se prevé muy inestable.

Pero la victoria pírrica conseguida con la prórroga de un decreto que, en teoría, trata de proteger a la industria automotriz mexicana, tan solo evidencia el estado de corrupción que ha existido en este renglón y que perdura.

La otra cara de este problema en el que la ilegalidad se normaliza y acepta, es el de qué hacer con esos alrededor de tres millones y medio de vehículos ilegales que circulan en el país.

Su legalización inmediata (una especie de amnistía), fue en las elecciones de 2018 propuesta de campaña. La hoy senadora por el PRI Sylvana Beltrones la utilizó como gancho electoral, aunque no tuvo el impacto esperado.

De todas formas, en cuanto tomó protesta se puso manos a la obra y presentó ante el Congreso una iniciativa de ley para la regularización de los autos chuecos.

MORENA también presentó una iniciativa en los mismos términos.

A finales del año pasado, el organismo Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa) anunció que a más tardar en abril de 2019 el Congreso de la Unión aprobaría la regularización de las unidades ilegales en el país y solicitó a quienes poseyeran un vehículo en esas condiciones a que tuvieran listos los siguientes requisitos: título original, carta de no robo de México y Estados Unidos, seguro de daños contra terceros y fotografías del vehículo y su número de serie.

En la actualidad se mantienen las negociaciones, el estira y afloja entre las organizaciones dedicar a amparar autos chuecos, diputados que promueven la legalización y el Gobierno federal.

Los dos principales argumentos que sostienen la legalización de los autos chocolate son que estos vehículos evaden los impuestos correspondientes y facilitan la comisión de delitos, ya que no están registrados en ninguna base de datos policial.

Pero para que esta suerte de borrón y cuenta nueva pudiera realmente funcionar, paralelamente habría que poner freno a la corrupción en las aduanas mexicanas y en los cuerpos policiacos, aplicar la ley sin distinciones y perseguir la importación ilegal de automotores con absoluto rigor; al tiempo que los gobiernos locales se apliquen realmente y sin pretextos a solucionar el enorme problema del transporte público.

De otra forma, dentro de un tiempo estaríamos ante una situación semejante a la de ahora y la solución volvería a ser, una vez más, legalizar lo ilegal.