El Caso Padrés y el replanteamiento político

Guillermo Padrés ha sido el único ex gobernador de Sonora procesado y encarcelado en los últimos 100 años

Por Bulmaro Pacheco

La salida de la cárcel del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, puso a revolotear momentáneamente la política local. Han sobrado comentarios en torno al significado, los rebotes y los efectos de esa libertad después de haber pasado 837 días en la cárcel. “Por motivos políticos” —se adelantó a declarar— su principal defensor, Antonio Lozano Gracia, quizá para tratar de atenuar los efectos ante la opinión pública de la salida, dejando de lado los aspectos jurídicos políticos y de corte moral que involucran el caso.

Por eso también se le recomendó —quizá— al ex gobernador salir con una barba crecida de más de seis meses, para —probablemente—, provocar una reacción de compasión y victimizarse ante los ojos de quienes estuvieron atentos al video donde se ve su organizada salida nocturna del reclusorio, acompañado de familiares y amigos.

Ese montaje perdió sus efectos con las palabras y veladas amenazas vertidas por el ex gobernador en un audio posterior.

En Sonora han sido muy pocos en realidad los escándalos que han involucrado a los ex gobernadores del estado en los últimos 100 años.

Cesáreo Soriano (Oaxaca 1887), el gobernador firmante de la Constitución de 1917, fue destituido del cargo personalmente por su impulsor, Plutarco Elías Calles, después de probarse acusaciones de haber recibido “más de tres mil dólares de Conrado Gaxiola y Spiro Pavlovich para que permitiera realizar juegos de azar en Navojoa y Huatabampo”. (Almada)

Soriano nunca se repuso de esa renuncia y —advertido por Calles— se fue de Sonora para no ser enjuiciado. Murió en San Diego, California.

Fausto Topete Almada (Álamos, 1890) fue destituido en 1929 por el Senado de la República, que de paso se llevó entre las patas a la Cámara de Diputados y al Supremo Tribunal de Justicia, por haberse rebelado contra el gobierno de Emilio Portes Gil, en aquella batalla conocida como la Revolución Renovadora o Revolución Escobarista de una parte del obregonismo, sentido con Calles por el asesinato de Álvaro Obregón.

Topete se fue exiliado y perseguido al estado de California, Estados Unidos, y fue acusado por el gobierno federal por los daños a la infraestructura (más de 100 millones de pesos) causados por las batallas militares libradas durante la rebelión en el estado.

Tampoco Topete se repuso. Regresó brevemente a Sonora en la Campaña de Abelardo Rodríguez, fue candidato a senador en la campaña del candidato disidente Ezequiel Padilla Peñalosa, del PDM, en 1946 y terminó sus días como agricultor en Mexicali, en 1952.

A Ramón Ramos Almada (Chínipas, 1894) también le tocaría experimentar la desaparición de Poderes en el estado, en 1935. Le tocó estar en medio del pleito —del lado de Calles— en la pugna entre Calles y Cárdenas, y había sido de los senadores opositores a la reforma Constitucional para permitir la reelección de Obregón. Tampoco Ramos se repuso políticamente de su salida política. Se dedicó al comercio y asuntos forestales y murió en accidente en la sierra de Chihuahua en 1937.

Al gobernador Carlos Armando Biébrich (Sahuaripa, 1939) la federación le armó un cuatro y lo obligaron a presentar su renuncia el 25 de octubre de 1975, culpándolo de la violencia desatada en la lucha agraria en al Valle del Yaqui. Biébrich fue perseguido penalmente por el gobernador Alejandro Carrillo Marcor, en un largo juicio —“robo, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal a la autoridad local”— que tuvo su desenlace hasta que la Suprema Corte de Justicia lo exoneró a principios de los ochenta del siglo pasado.

El ex gobernador ocuparía después puestos de mediana importancia, como subsecretario del Trabajo y diputado federal. A punto de cumplir 80 años, Biébrich se desempeña en la academia y como abogado litigante en la Ciudad de México.

Guillermo Padrés (Cananea, 1969) ha sido el único ex gobernador de Sonora procesado y encarcelado en los últimos 100 años.

Los delitos fueron básicamente lavado de dinero y defraudación fiscal y, en lo local —todavía pendientes—, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y asociación delictuosa y, en el famoso caso de su ex sirvienta Gisela Peraza, tortura, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

Ingresó al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en noviembre de 2016 y salió el pasado 2 de febrero bajo libertad condicionada.

Sus familiares y antiguos aliados políticos han celebrado su liberación. Su partido en lo nacional ha guardado un prudente silencio y en lo local su ex secretario de Seguridad Pública —hoy dirigente estatal del PAN— también ha celebrado. Tanto los dirigentes del PRI como de Morena y Movimiento Ciudadano han manifestado su rechazo a la liberación, al tiempo que replantean las fragilidades del sistema de justicia.

Padrés no puede salir del país, y mediante un brazalete de localización la autoridad judicial vigilará sus movimientos y deberá acudir a firmar cada 15 días ante el juzgado que la autoridad le señale.

El replanteamiento que se hace de la política local por el caso Padrés da para mucho y contempla varios escenarios.

¿Qué le pasó al político invicto (4 victorias electorales casi consecutivas; diputado local, federal, senador y gobernador) joven, carismático, con olfato político y con capacidad de seducción? ¿A qué atribuirle su desplome político y posterior enjuiciamiento?

¿Qué le pasó a aquel político audaz que con arrojo invadía las cabalgatas organizadas por un gobernador poderoso como Eduardo Bours, al tiempo que lo desafiaba con ganar la elección?

Casos de ascensos vertiginosos y caídas como la de Padrés ya van varios en Sonora, y no solo del PAN. Preocupante.

Para sus seguidores y para su partido —aunque no terminen de explicárselo— Padrés representa un doble problema: político y moral. Aunque los panistas quieran desplegar una campaña para lavar la imagen del ex gobernador, tomando como punto de partida la exclamación de Antonio Lozano Gracia de que “fue encarcelado por razones políticas”, sobra material para objetar esos argumentos.

Padrés no fue encarcelado por sus ideas o por su militancia en el PAN. Mucho menos por sus pésimas relaciones con el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, desde que éste era candidato.

Tampoco se le acusó de haber participado en su sexenio —y desde Sonora— en elecciones constitucionales a favor del PAN en casi 20 estados, con recursos públicos de los sonorenses. Tampoco por haberle regateado y retrasado recursos económicos al Congreso del Estado y al Instituto Estatal Electoral.

Sus compañeros de partido nunca le reclamaron la utilización de recursos públicos para apoyar las candidaturas de Ernesto Cordero contra Josefina Vásquez Mota en 2012, y de Cordero contra Madero por el partido a finales del sexenio de Felipe Calderón. Los acarreos de votantes motivados por la administración estatal de entonces, fueron célebres.

Se entiende, —condición humana aparte— que a quienes apoyó y en quienes se apoyó hoy lo dejen solo y muchos de ellos —quienes ocuparon cargos en su gobierno— estén hoy pasando lista en el partido Morena. Que no se preocupe, esos mismos también participaron en otras formaciones partidistas antes de ser panistas. También aquellos miembros del PRI que hicieron negocios en su administración —acueducto, presas, pavimentación, bulevares— y que ahora lo niegan. ¿Dónde están?

Por eso, el dilema de la política en Sonora ya no es tanto político, sino de corte moral con todo lo que ello implica. ¿Quién con quién? ¿Quién contra quién? Y ¿A partir de qué restaurar la política panista con impacto en otras formaciones para los próximos años? ¿Cómo le van a hacer —los simpatizantes de Padrés— para restaurar la moral perdida en el sexenio panista? Una labor muy dura para un partido político alicaído.

Padrés sale de la cárcel —entre otras— por la costosa defensa que pagó y por fallas en los procesos acusatorios. Sin duda, se impuso una defensa muy cara y ostentosa, experta en el cabildeo con los representantes de los medios y el Poder Judicial, —en un sistema de justicia selectiva— contra la indignación de la gente en Sonora y en México, que ha visto cómo los gobernadores de los estados de las últimas décadas utilizaron sus entidades para enriquecerse. Al 2019 suman ya 20 ex gobernadores de la nueva horneada sometidos a proceso y/o encarcelados.

El PAN batallará mucho para acreditar que su representante más distinguido de Sonora en los últimos años salió por “motivos políticos” o porque “siempre fue inocente.” ¿Quién va a creer eso?

Soriano, Topete, Ramos Almada y Biébrich nunca se repusieron en Sonora de sus tropezones políticos. ¿Qué va a suceder con el ex gobernador Padrés que apenas en junio cumplirá 50 años?