El PRI: 90 años de historia

En lo que va del actual gobierno, los ataques y críticas al PRI se han agudizado; el tiempo ha pasado y los nuevos estilos ya son conocidos por la mayoría

Por Bulmaro Pacheco

Al cumplir los 90 años de haber sido creado como el partido político de mayor presencia nacional, al PRI sus críticos actuales le diagnostican y presagian lo peor, y más ahora que llegó al poder un ex dirigente estatal del PRI en Tabasco y que en su tiempo creyó en sus postulados, programas y principios con los que aquel dirigente priista —hoy presidente de la República— se inició en la política.

En lo que va del actual gobierno, los ataques y críticas al PRI se han agudizado, tomando en cuenta principalmente su papel de partido de oposición y las herencias que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Eso ha dado pie al gobierno federal para relanzar ataques y tratar de borrar a los partidos políticos que les incomodan en su proyecto de “presidencialización de la política, que amenaza con tragarse todos los avances”, como lo ha señalado Soledad Loaeza.

Durante los primeros meses de gobierno de López Obrador se fomentó en la opinión pública la idea de que había un pacto entre Peña Nieto y López Obrador para evitar ataques y persecuciones al gobierno que se fue. Falso. Eso quedó demostrado con el caso de la aprehensión de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, (más allá de las enormes diferencias y agravios de ella y su grupo con AMLO desde 2004). 

Peña Nieto por sus propias limitaciones fue tan tolerante y permisivo, que un día después de la elección del año pasado le cedió a López Obrador la agenda política nacional, de forma tal que nada dijo cuando éste produjera los grandes anuncios que descalificaban a su gobierno, como aquellos impactantes sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y, todavía más, cuando en su cara y frente a su gabinete le restregó que se cancelaba la “mal llamada Reforma Educativa”, lo que Peña Nieto aceptó sin chistar.

Ni Peña Nieto ni su gabinete —a excepción de su último secretario de Educación, Otto Granados— han manifestado opiniones en relación al cúmulo de culpas que se les han endilgado, para tratar de agrandar la atención de los problemas que no pueden resolver y soslayar las omisiones del actual gobierno, haciendo creer a la gente que todo es culpa del pasado  y, como alguna vez lo dijera el ex presidente Vicente Fox en el mismo sentido: “Que el freno al cambio que él pretendía realizar venía de los intereses del pasado”, representados en las Cámaras del Congreso de la Unión y los gobernadores. La misma historia.

A diferencia de entonces (1997-2018), las oposiciones ahora solo tienen mayoría calificada en el Senado de la República y los gobernadores que al empezar el actual gobierno mostraron combatividad y crítica, como los de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, han claudicado en sus posturas, quizá por temor a que les quiten inversiones o les disminuyan presupuestos.

Hay que registrar que a los gobernadores que no son de Morena ya les dieron su tratamiento al principio del gobierno federal, con varias señales: Una, cuando los morenistas les organizaban las rechiflas en actos masivos. Después, con el nombramiento de los súper delegados, para aclararles que el gobierno federal iba a estar atento a los dineros federales en los estados y que los gobernadores no se adornaran, y posteriormente con el nombramiento de los llamados “Siervos de la Nación” en los 300 distritos electorales federales; “dizque para vigilar la operación y seguimiento de los 300 mil millones de pesos del reparto correspondiente a 2019, para los programas sociales y sus beneficiarios”.

Posteriormente, el gobierno federal quiso enmendar la plana diciéndole a los gobernadores que “seleccionaran una (sic) obra prioritaria para sus estados apoyada por el gobierno federal”. Una forma de tratar de limar asperezas, cuando el gobierno federal se dio cuenta de que no podía gobernar solo y que requería de ellos para el aterrizaje de los programas federales en los estados, sobre todo en los temas de mayor controversia como la guardia nacional y la reforma educativa.

El tiempo ha pasado y los nuevos estilos del actual gobierno federal ya son conocidos por la mayoría: Nepotismo en los altos niveles de la administración federal; improvisación; odio al pasado; falta de un plan racional para la toma de decisiones; ausencia de crecimiento de la economía; dudas e incertidumbre en torno al rumbo de México; falta de confianza de los inversionistas privados; ayuntamientos olvidados y dejados a su suerte; inseguridad y violencia que no cesan; reformas que todavía no aterrizan; medidas legislativas controversiales, como los casos de la ley de extinción de dominio, la ampliación de los tiempos de gobierno en Baja California y la llamada “ley garrote” de Tabasco, entre otras. Mediante una política de “resentimiento y de venganza, el gobierno federal, a decir también de Loaeza, “nos quiere jalar a un mundo que desapareció hace décadas”.

¿Y dónde está la oposición política organizada?

En un principio estuvo en las calles y tomando vías de comunicación. La CNTE logró lo que quería, secuestrando carreteras, edificios y vías de ferrocarril en los estados donde tiene presencia.

Muchos grupos opositores mantienen las casetas de cobro tomadas en las carreteras, pero ya les advirtieron que CAPUFE seguirá cobrando cuotas. Las universidades en crisis están inmersas en su búsqueda de recursos y no quieren problema alguno con el gobierno federal.

Los sindicatos aparecen doblegados, buscando salida a la diversidad de situaciones que viven ante una reforma laboral muy contradictoria y la ofensiva del gobierno por crear una nueva central obrera. Las organizaciones del campo han protestado pero no parecen llegar a ninguna parte, y más cuando lucen divididas entre el sector social y el privado. Los gobernadores lucen silenciosos y confiados en una CONAGO que ya no es nada de lo que fue, y los partidos políticos luchan por reponerse de la debacle electoral —unos más, unos menos— que los afectó en la elección del año pasado.

El PRI ha resuelto ya el pasado 11 de agosto la cuestión de su nuevo liderazgo nacional. Una parte muy importante (casi 2 millones) de sus militantes (que por ley deben ser 244 mil) ejerció su derecho a elegir mediante un proceso interno que, en opinión de su propia militancia, le salió bien a secas y sin mayores rupturas más allá del efectismo político de una de las contendientes. Ahora, los priistas no tienen presidente de la República que les designe dirigencia nacional, sin consultar siquiera a sus militantes. Tampoco aparecerán —esperemos—, las figuras de corte nacional que solo han utilizado al PRI para promoverse, aparecer solo en las plurinominales o acumular riqueza a nombre del partido.

La elección del pasado domingo despertó y motivó a una parte muy importante del PRI que quiere un partido competitivo, de lucha y de contrapeso a las decisiones del poder. Que aspira a tener candidatos competitivos en la elección del 2021 y que seguramente trabajará para volver a reposicionar al partido en su estructura territorial, como opción política de los mexicanos ante la crisis que vivimos.

La vitalidad e identidad del PRI, reside en sus aportaciones a la historia de México, más allá de las fallas de algunos de sus representantes y las herencias de frivolidad y corrupción de Enrique Peña Nieto.

La mayoría de los avances experimentados en el país durante los últimos años (desde la erradicación de enfermedades, las reformas políticas, la masificación de la educación y la creación de instituciones y órganos autónomos, entre otras) se dieron por las reformas impulsadas en los gobiernos del PRI.

Cierto que al PRI lo han dañado enormidades tanto la corrupción de sus gobernantes —sobre todo el más reciente y los ex gobernadores en la cárcel—, como el alejamiento de los problemas sociales de le gente, que le arrebataron sus opositores. Ambas situaciones tienen remedio.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el nuevo dirigente nacional —con su juventud y su energía— no tiene tiempo que perder. Cuenta con solo 22 meses para la elección del 2021 y debe actualizar al PRI y volverlo competitivo, ante la renovación de la Cámara federal de diputados y 14 gobiernos estatales (9 serán del PRI) en ese año. Deberá convocar de inmediato a una Asamblea Nacional para el próximo año, que dé paso a las urgentes reformas para abrir al PRI, hacerlo voltear hacia lo local, no perder el tiempo defendiendo lo indefendible, trabajar las regiones y los municipios, defender las causas locales, acercarlo más a la gente, construir alianzas, combatir la corrupción y volverlo un verdadero contrapeso ante un gobierno que no ha dado el ancho ante quienes le dieron su voto y —sobre todo—ponerle freno a la regresión política y económica, que ya se nota en importantes ámbitos de la vida política y social de México. Con eso.

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