Indagan a 20 funcionarios estatales por caso Tlatlaya

Al menos 20 funcionarios estatales son investigados por señalamientos de encubrimiento y tortura a sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por militares mexicanos a mediados de 2014, informaron las autoridades, en tanto un organismo estatal autónomo dispuso que el público tenga acceso a los peritajes realizados en el caso.

El procurador del Estado de México, Alejandro Gómez, dijo el miércoles que entre los 20 funcionarios se encuentran ministerios públicos (fiscales), peritos y agentes de la policía investigadora estatal.

«Ninguno ha sido separado del cargo todavía sobre la base del principio de presunción de inocencia», dijo el procurador a periodistas y aclaró que no hay un plazo para determinar si alguno de esos funcionarios incurrieron o no en alguna responsabilidad penal.

El 30 de junio murieron 22 presuntos delincuentes en una bodega de Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México, a manos de militares. El ejército dijo inicialmente que todos habían fallecido tras un enfrentamiento, aunque luego se supo que varios fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados. Tres mujeres sobrevivieron.

Las autoridades federales han dicho que ocho de los 22 muertos fueron asesinados después de rendirse, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte propio que al menos 12 y hasta 15 de ellos habrían sido ejecutados extrajudicialmente.

La misma comisión concluyó que funcionarios de la Procuraduría del Estado de México, que investigó inicialmente el caso, intentaron encubrir los hechos e incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra el menos dos de las tres sobrevivientes.

Una de las testigos narró hace unas semanas a The Associated Press las torturas a las que fue sometida. Cuando se negó a firmar una declaración falsa de que los 22 presuntos criminales habían muerto en un enfrentamiento con el ejército, funcionarios del Estado de México le patearon las costillas, le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon en la cabeza, dijo la testigo, que habló bajo la condición de no ser identificada por temor a las represalias.

Además, documentos judiciales obtenidos también recientemente por la AP señalaron que las autoridades estatales supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen.

La Procuraduría del Estado de México informó a la AP en diciembre que tenía abiertas dos investigaciones, una administrativa y otra penal, para determinar si sus funcionarios incurrieron en algún delito, aunque no mencionó el número de personas.

El procurador dijo el miércoles que su oficina también trabaja en cumplir las recomendaciones que le hizo la comisión de derechos humanos, entre ellos indemnizar a las tres sobrevivientes y dar cursos a su personal sobre preservación de evidencias y respeto a los derechos humanos.

Gómez señaló que una vez que concluya su investigación sobre sus funcionarios, se determinará el monto definitivo con el que se indemnizará a las sobrevivientes.

La matanza de Tlatlaya es uno de los dos casos que ha sumido a México a una crisis en materia de derechos humanos. El otro es la desaparición de 43 estudiantes de magisterio a manos de policías municipales en el estado vecino de Guerrero.

Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información revocó el miércoles una decisión de autoridades federales para mantener reservados y fuera del conocimiento público por 12 años los peritajes realizados en Tlatlaya.

El instituto resolvió que la Procuraduría General de la República debe entregar a un particular -no identificado- una versión de los reportes hechos en la bodega, en la cual no se incluyan los nombres de personas por considerarlos datos confidenciales.

Las leyes mexicanas señalan que las autoridades pueden clasificar como confidencial cierta información, por ejemplo investigaciones abiertas, pero no cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó la víspera que reclasificó la matanza como un caso de «graves violaciones», lo cual fue considerado por el instituto de acceso a la información para ordenar la divulgación de los peritajes.

AP