Los ex gobernadores y los límites del poder

Anteriormente los mandatarios estatales al dejar su cargo podían caminar y moverse sin mayores problemas en los lugares públicos. Ahora, la mayoría o se andan defendiendo jurídicamente, o andan amparados o no se dejan ver

Por Bulmaro Pacheco

¿Que ha reflejado en la política mexicana la detención de los ex gobernadores de Tamaulipas y Veracruz?

La detención de Tomás Yarrington (1998-2004) y Javier Duarte (2010-2016) el primero en Italia y el segundo en Guatemala —apenas con una semana de diferencia—, abre un nuevo capítulo y acentúa el debate sobre los excesos del poder entre la clase política, con independencia del partido político de origen de los principales actores de la corrupción. Claro que los principales críticos del sistema le tratan de cargar al PRI todos los problemas de corrupción atacados en las últimas semanas.

¿Y no ha sido así?

Casi nadie menciona por ejemplo, la crisis heredada en Zacatecas por Amalia García del PRD. Tampoco a Marcelo Ebrard del PRD y los escándalos de gastos en el Metro, no se menciona casi al exgobernador de Aguascalientes del PAN Armando Reynoso Femat, actualmente en libertad condicional. Tampoco la protección que los 12 años de gobierno federal del PAN otorgó a los ex gobernadores de Morelos y Querétaro, que salieron en medio de escándalos. El encarcelamiento de Pablo Salazar en Chiapas de la alianza PRD-PAN, el de Narciso Agúndez del PRD en Baja California Sur, y el de Guillermo Padrés en Sonora del PAN, por dar solo algunos ejemplos de ex gobernadores no priistas en problemas con la justicia.

Como los escándalos se dan en medio de un proceso electoral, los adversarios del PRI se han dado a la tarea de explotar dichos casos, primero para ver qué resulta en la elección de cuatro entidades en junio y ver después qué rebota para la de 2018. Son los mismos que a cada rato machacan —en sus proclamas y proyecciones—, la idea de que 2018 se decidirá solo entre dos opciones políticas (Morena y PAN).

¿Y las reacciones sobre los últimos casos?

No han faltado los críticos del presidente de la República y del PRI que ven estas aprehensiones como parte de una estrategia político electoral, a menos de ocho semanas de la elección del próximo junio. Otros han llegado al extremo de hablar de entregas pactadas o negociadas. No se miden.

Lo que sea. Las detenciones cuando menos han combatido las sospechas de  complicidades entre los ex gobernadores que andaban huyendo con el gobierno. Igual sucedió antes con el caso del exgobernador Guillermo Padres. Mucho se adujo antes de que Padres “no iba a pisar la cárcel por sus complicidades con personajes del gobierno federal”. Eso se decía.

¿Aún tratándose de casos ya muy publicitados ante la opinión pública?

Sí, como si los ex gobernadores capturados no llevarán algún tiempo ya, prófugos de la justicia, con señalamientos concretos sobre ilícitos cometidos en sus Estados, huyendo, cambiando de lugar de residencia a cada rato, a salto de mata, sujetos a la presión constante de la opinión pública y a la persecución de las autoridades judiciales.

¿Disfrutando —quizá— de sus fortunas mal habidas?

Quién sabe si disfrutándolas; eso es muy discutible. La información que hemos recibido acerca de los estilos de vida de quienes han sido capturados reflejan en mucho algo de inestabilidad emocional y malos ratos por los que han debido pasar: Cambio de identidades, credenciales y papelería falsas, otros nombres, a veces otros rostros, y todo en clave, incluyendo la comunicación con sus cercanos. Siempre escondiéndose, siempre borrando huellas. A salto de mata, pues. ¿Qué tipo de vida es esa, después de los excesos y las ostentaciones de poder sin límites?

¿Para eso querían tanto dinero mal habido?

Perdieron el sentido de la responsabilidad y rebasaron los límites. Se involucraron personalmente en la corrupción, en las asociaciones del poder con los negocios, aprovecharon las debilidades legales e institucionales ante los poderes fácticos para dejar hacer y dejar pasar, cedieron espacios políticos en aras de la ganancia privada y no dudaron en hacer descarrilar el poder en sus estados para afianzar su dominio en todos los órdenes.

Con el gobierno federal la relación fue de sacar y sacar dinero sin rendir cuentas, y de meter a la licuadora —hacienda— estatal cuanto fondo federal les llegaba para apoyar determinados proyectos de inversión, sin aplicarlos.

¿No se prepararon para gobernar con eficacia?

Por lo que se ha visto, al  parecer no. No se duda que algunos de ellos sí hayan contado con experiencia política previa o que en sus partidos manejaran ideas sobre los planes de gobierno y el servicio público. Pero eso sí, durante sus gobiernos, mucho gasto en publicidad y en relaciones públicas, muchas encuestas de auto elogio, muchos espectaculares anunciado sus éxitos, y muy pocos logros en las políticas de gobierno en sus estados.

El problema de los excesos en el endeudamiento público y a los proveedores, en la mayoría de los estados pronto estará al nivel del gasto en las pensiones. Toda una bomba de tiempo —Fobaproas estatales— que tarde o temprano deberá abordarse con seriedad, para evitar que les explote en las manos. Hay casos de endeudamiento verdaderamente escandalosos.

Entonces: ¿Dónde quedaron los principios, las leyes y las lealtades que juraron cumplir y hacer cumplir a la hora de protestar el cargo?

No tardaron en hacerlo todo a un lado, sobre todo a la hora de constatar el verdadero poder que puede ejercer un gobernador de la nueva horneada en su territorio.

Sin generalizar, todos los que andan en líos con la justicia lograron acumular todo un poder concentrado, actuaron como virreyes, por el excesivo control de los poderes locales, así como influencias desmedidas sobre una sociedad pasiva y a veces cómplice de las arbitrariedades y los ilícitos, unas veces aplaudiéndoles todo, y en otras como participantes en sociedades de empresas sexenales al vapor.

¿La corrupción de hoy ha sido muy distinta a la del pasado?

Una gran diferencia en la forma y en el fondo en relación a los poderes locales entre ayer y hoy. En el presidencialismo histórico jamás se toleraron políticamente los excesos de los poderes locales que ahora vemos. Y no porque el presidente de la República ya no tenga la fuerza de antes. El problema se ha agudizado con la pluralidad en la integración de la representación nacional, con la fuerza de cada uno de los principales partidos políticos y su influencia en las Cámaras y en los gobiernos locales, un papel diferente del Congreso de la Unión, una Suprema Corte de Justicia que pesa más en la defensa de la Constitución y órganos autónomos, que le han dado otro sesgo a la conducción de la política en México.

Los poderes locales se soltaron a partir del 2000 con la alternancia de partido en la presidencia de la República. También con la abundancia de dinero que ha circulado entre la federación y los estados en los últimos años. Héctor Aguilar Camín destaca que ahora la corrupción mexicana ha descansado en 4 pilares: 1) La colusión con el crimen organizado, 2) La asignación de obras y contratos públicos, 3) Los fondos federales que se gastan sin fiscalización federal en los estados, y 4) La lógica monetaria de la competencia electoral. También destaca que: “Entre 2000 y 2014 la federación transfirió a Estados y municipios la friolera de 355 mil millones de dólares. También que el financiamiento público a los partidos y las elecciones pasó de 596 millones de pesos en 1996 a 50 mil 319 en el 2015”. ¿Dónde ha quedado?

Antes —y quizá por el dominio de un solo partido político— había mecanismos de control más claros y eficaces. Muchos gobernadores dejaron de serlo por su mal comportamiento o por la ineptitud demostrada en el ejercicio del cargo. Otros se cuidaban más ante los mecanismos informales que tenía el presidente de la República de informarse sobre la política de los estados, otros más eran más medidos en el manejo de los recursos federales que recibían para obras y servicios.

Los ex gobernadores como tales, podían caminar y moverse sin mayores problemas en los lugares públicos, presidían fundaciones o instituciones de beneficencia, acudían a eventos públicos y eran reconocidos, muchos se reincorporaban a sus labores anteriores —actividades privadas o públicas— sin mayores diferencias en los patrimonios personales o familiares a la entrada y la salida del poder. Otros continuaban sus carreras políticas en el Senado o en el gabinete federal. Ahora, la mayoría de los ex gobernadores o se andan defendiendo jurídicamente, o andan amparados o no se dejan ver. Sobre todo los que han gobernado en lo que va del siglo XXI.

Mucho que hacer todavía en materia de control jurídico y administrativo en el México del siglo XXI. Los recurrentes escándalos de los ex gobernadores en problemas, ponen de nuevo en el debate la lucha contra la corrupción y las fisuras todavía visibles de nuestro sistema político y administrativo. También cuestionan a fondo el desarrollo de nuestras principales instituciones y su operación en la realidad política. ¿Qué tanto se han deteriorado?, ¿qué tanta credibilidad tienen?, ¿qué tanto le sirven a la modernidad de México?, ¿qué hay que hacer para reformarlas y ponerlas en sintonía con el estado de Derecho? ¿Por dónde empezar las reformas?

A 100 años de la Constitución de 1917, bien vale la pena agregar el tema de los poderes locales al debate sobre lo que ha funcionado, lo que ha cambiado y lo que necesita con urgencia reformarse de nuestra carta magna…aunque ese, sea solo el principio del abordaje de un problema inédito, que requiere resolverse de fondo.

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