Movimiento obrero: cambio de rumbo

Las demandas de los trabajadores por primera vez en mucho tiempo no son salariales, sino que tienen que ver situaciones como en sector salud.

Por Bulmaro Pacheco

Muchos años hace ya que el movimiento obrero y los sindicatos han sido los verdaderos perdedores de las políticas económicas impulsadas en México y en el mundo occidental. Unas políticas bajo el nombre de reformas “estructurales”, para garantizar la viabilidad de las naciones con sus proyectos y programas económicos, otras bajo la denominación de “neoliberales”, o impulsoras del desmantelamiento del Estado, las instituciones de política social y las prestaciones laborales. Todo un recetario para desmantelar instituciones a nombre del libre mercado.

Digamos que el sindicalismo históricamente —y como sujeto incómodo de la historia— nunca ha sido del agrado de los capitanes de la economía y en el mundo de las libertades, la tensión económica y social generada por las luchas sindicales ha propiciado avances en beneficio de la clase obrera, tales como una legislación laboral protectora de derechos, instituciones de seguridad social, vivienda y de protección al consumo de los trabajadores, entre otras.

Todas estas instituciones no se entenderían sin los antecedentes de las luchas obreras y la siempre esperada mediación de los gobiernos que, a través de su respectiva orientación política —unas más a la izquierda, otras a la derecha—, fijan las posiciones de las autoridades gubernamentales en turno para garantizar la paz laboral y la negociación de conflictos.

Muy de vez en cuando han surgido en la historia dirigentes obreros como conductores de sus naciones. El caso de Lula Da Silva, en Brasil, y Lech Walesa, en Polonia, representan un buen ejemplo de lo anterior. 

El común denominador de ambas estrategias ha tenido que ver principalmente con la expansión de los movimientos obreros en el mundo y su contraparte, la cada vez más notable reducción de la población afiliada a sindicatos, que en México alcanza apenas un 13% de la clase trabajadora organizada.

Por otra parte, han surgido organizaciones que a nombre de la sindicalización han diseñado un esquema de “contratos de protección” que simulan defender a los trabajadores, cuando en el fondo lo que hacen es someterse a los deseos y las políticas de las empresas, logrando en poco tiempo domesticar a la clase obrera y ponerla al servicio de liderazgos que hacen y deshacen con la ley laboral y la negociación sindical.

Javier Villarreal, el aguantador y controvertido dirigente de la CTM en Sonora, en días pasados ha anunciado que de no ser satisfechas las demandas de los sindicatos afiliados a su central obrera en Sonora, podrían convocar a una huelga general para el próximo 8 de julio.

Por primera vez en mucho tiempo las demandas no son salariales, sino que tienen que ver con el funcionamiento y operación de las principales instituciones públicas que atienden los problemas que todos los días enfrentan los trabajadores en materia de salud, vivienda y prestaciones económicas. También de política fiscal.

Quizá ese planteamiento tampoco sea ajeno a los impactos previsibles de los sucesos políticos recientes promovidos por el nuevo gobierno federal como son: la reaparición del ex dirigente obrero Napoleón Gómez Urrutia, tratando de volver por sus fueros tanto en el sindicato minero como en el sector obrero; el intento de creación de una nueva central obrera con ramificaciones en toda la República llamada CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México); las nuevas reformas a la Ley Federal de Trabajo recomendadas por el gobierno americano para la firma del TEMC y con impacto directo en la vida interna de los sindicatos; la nueva orientación —distante y apartada— de la política laboral del gobierno hacia las organizaciones de trabajadores con pasado en el PRI y hacia los que no simpatizan con el partido Morena; la liberación de algunas centrales estatales para que militen en el partido de su elección en estados con procesos electorales; la postura radical del gobierno en su conjunto contra las organizaciones de trabajadores del sector público, que resisten por ahora las nuevas políticas de despidos; y la reducción notable del gasto público en materia de salud e inversiones.

Villarreal ha basado en 4 puntos la postura de su central obrera para convocar a una huelga el próximo julio, dejando entrever que todo dependerá de los avances que se registren en las negociaciones con las dependencias oficiales implicadas el destino de esa posibilidad.

Se queja de los servicios que presta el Seguro Social en Sonora en los puntos de mayor impacto para los derechohabientes cetemistas, a saber: Los tiempos de espera para consultas de medicina familiar, que ellos alegan se tardan más de tres semanas en promedio y piden que éstas se den un plazo no mayor a dos días.

Para consultas de especialidades, que en ocasiones les llevan meses, solicitan que disminuyan lo más que se pueda los tiempos de espera, considerando que en Sonora existen 271 plazas vacantes en el IMSS y —dicen— están disponibles para especialistas, tales como internistas, urgenciólogos, radiólogos, cardiólogos y cirujanos, entre otros.

Que para atender la demanda de salud con eficacia y ante la expansión del empleo en las áreas urbanas y rurales, el IMSS debería construir tres nuevos hospitales en Guaymas, Navojoa y Agua Prieta.

Que el hospital recientemente inaugurado en Nogales funciona a menos de la mitad de su capacidad por la falta de recursos humanos y materiales.

Que en Sonora el IMSS ha disminuido de 110 a 70 las guarderías infantiles, mientras que la población demandante se ha incrementado; “Ya que muchas empresas cuentan con turnos vespertino y nocturno y las jefas de familia trabajan estresadas porque tienen que dejar a sus hijos en muchas ocasiones solos y encerrados en su domicilio, derivando eso en accidentes, incendios e impactos sociales como la deserción escolar y el consumo de enervantes”.

En el caso del INFONAVIT, exigen la reducción de intereses una tasa no mayor al 9% ya que “la banca comercial, con ánimo de lucro otorga créditos hipotecarios al 9.5% de intereses, mientras que el Infonavit, sin ánimo de lucro, cobra intereses del ¡12% anual!

También en el caso del Mejoravit, que representa el 35% de créditos para mejorar vivienda y opera recursos de la banca comercial con intereses del 16.5%. “Por ello demandamos se utilicen los recursos del propio Fondo Nacional cuyos intereses no deberán ser mayores al 9%”.

En el caso del Infonacot, el pliego de demandas establece: “Este programa originalmente concebido para consumo de bienes de uso duradero (principalmente muebles y enseres domésticos) ha terminado por ser una tarjeta de crédito con altos intereses del 28% anual para lo cual se utilizan recursos de la banca comercial generando un severo endeudamiento de los trabajadores con dolorosos descuentos semanales que obligan al uso constante de ésta tarjeta encareciendo el consumo del trabajador. Por ello pedimos dejar de enriquecer a los bancos mediante el apoyo del gobierno federal con una aportación inicial de recursos públicos que permita la operación del Infonacot con una tasa de interés no mayor al 9% anual”.

En cuanto a los impuestos, el documento establece: “Demandamos exentar el pago del impuesto sobre la renta, las horas extras, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades […] suficientes impuestos pagamos en el ISR de la jornada ordinaria, el IVA, IEPS, así como el pago de impuestos estatales y municipales”.

No se ve que en el pliego de demandas existan posturas radicales, inalcanzables o difíciles de atenderse. No hay en el documento una postura del “todo o nada”, por lo que se intuye una postura abierta a la negociación y al diálogo.

Se trata de problemas añejos que con el tiempo han hecho crisis, tanto por la debilidad y el desgaste de las instituciones como por la escasez de recursos para atender las crisis de largo plazo y por la falta de atención —prioritaria— del gobierno federal a las crisis del IMSS y el Infonavit (ahí está la carta del ex director Germán Martínez), dejándolas a merced de los abusos y los excesos de los que los medios han dado cuenta en los últimos años.

Para la atención y encauzamiento de la problemática, se requiere de mucho diálogo entre las partes y compromisos serios en el mediano plazo, como los que se han dado hasta ahora. No hay otro camino.[email protected]