Política y justicia: los casos emblemáticos

Desde los 70s se han presentado casos de ex secretarios, ex gobernadores, funcionarios ligados a corrupción y que fueron perseguidos por la justicia; desde Eugenio Méndez hasta Rosario Robles

Por Bulmaro Pacheco

Cuenta el ex jefe de gobierno del Distrito Federal Óscar Espinoza Villarreal, que el 23 de marzo del 2000 llegó a su oficina de la Secretaría de Turismo (era secretario en ese tiempo) “un citatorio firmado por una agente del ministerio público perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que se requería mi presencia para comparecer el día 24 de marzo de ese mismo año, como presunto responsable en dos averiguaciones previas”.

Y continúa: “Después de analizar los hechos, supe que el citatorio estaba relacionado con las acusaciones que se habían hecho mucho tiempo atrás en contra de quien fuera el oficial mayor del gobierno capitalino durante mi administración: Manuel Merino García”.

“Al estudiar el expediente, no encontramos ningún elemento o actuación adicional que llevara a quienes acusaban, a enderezar una acción penal en mi contra. Entonces las preguntas lógicas eran varias: ¿Por qué no lo habían hecho en mi contra desde un inicio?, ¿por qué presentaron la acusación dos años después?, ¿por qué hubo que esperar tanto tiempo?”.

Y agrega: “No era una casualidad que se me denunciara en esas fechas, precisamente en el momento más álgido de la contienda por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando el candidato del PAN Santiago Creel empezaba a representar una amenaza para el PRD (Al final López Obrador obtuvo el 33.44% de los votos contra 32.98% de Creel y 22.40% de Jesús Silva Herzog).

Sigue Espinoza: “La competencia por la Presidencia de la República estaba muy cerrada y había que atacar al PRI. Cualquier recurso era válido para que los candidatos aumentaran su puntaje en las encuestas. En esta ocasión fui yo a quien se llevaron entre las patas” (sic) (Óscar Espinosa Villarreal, Claroscuros del Poder, Reflexiones a la Distancia, 2012).

Lo que sucedió después revela la historia completa y el drama personal de Espinoza. Primero pide licencia a la Secretaría de Turismo y después, por presiones, renuncia. Se tramita su desafuero ante el Poder Legislativo; la acusación versa sobre el manejo de 420 millones de pesos en gastos de comunicación social de cuando fue jefe de gobierno. Después, acción penal en su contra por acusación de peculado y le giran orden de aprehensión. Sale del país, primero hacia Canadá y después a Nicaragua, donde pasó meses en prisión mientras se tramitaba la extradición. Y por último, el regreso a México en agosto del 2001, donde después de una buena defensa y con argumentos sólidos logra su absolución.

Espinoza fue el primer ex jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México perseguido y enjuiciado a los tres años de haber dejado el cargo, en manos de Cuauhtémoc Cárdenas, ganador en 1997.

No fue Espinoza el primer secretario de Estado en ser encarcelado; Fue el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Luis Echeverría, Eugenio Méndez Docurro, en marzo de 1978, que al momento de ser detenido ejercía como subsecretario de Educación; Méndez fue acusado de peculado y fraude maquinado. Al final, solo se le responsabilizó de peculado y fue puesto en libertad al pagar lo correspondiente a un desfalco en la Dirección General de Correos.

Sobre este caso, el Jurista Raúl F. Cárdenas afirma: “Pueden apreciarse los argumentos absurdos del juez, que tratándose de delitos en que intervinieron factores de carácter político caracterizados los argumentos excepcionalmente extraños y rebuscados en que se apoyó para dictar sentencias que no tenían absolutamente ningún fundamento ni razón de ser”… “Además el ingeniero Méndez Docurro no dispuso para sí o para otro de cosa alguna, sino para cubrir con la aprobación de la Secretaría de Hacienda faltantes del propio Estado”.

Félix Barra García, que ocupó la Secretaría de la Reforma Agraria a finales del gobierno de Luis Echeverría, fue consignado y hecho preso en septiembre de 1977, junto con el ex oficial mayor de esa dependencia, Guillermo Romero Martínez, acusados de “amenazas cumplidas y delitos de carácter oficial”. Al final solo se les sentenció por amenazas cumplidas, con cinco años de prisión para Barra y cuatro con siete meses para Romero (Se les acusó de la compraventa de un terreno, donde Barra llevaba una tajada importante de dinero).

Everardo Espino de la O, ex-subdirector de Pemex, director del Banco Rural con el presidente López Portillo y director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera en el gobierno de Miguel de la Madrid, fue aprehendido en marzo de 1983 acusado de peculado; pasó 14 meses en la cárcel. Al final fue absuelto por irregularidades tanto en el proceso como en la sentencia.

Jorge Díaz Serrano director de Pemex, embajador de México en la URSS, y senador por Sonora en 1982, fue hecho preso en 1983 acusado de fraude por 35 millones de dólares por la compra de dos embarcaciones “con sobreprecio”. Pasó 5 años en prisión. Murió en 2011 a los 90 años.

Leopoldo Ramírez Limón, ex director del Nacional Monte de Piedad; Lydia Camarena Adame, ex directora de Productos Pesqueros; Fausto Cantú Peña, ex director del Instituto del Café; y Alfredo Ríos Camarena, del Fideicomiso Bahía de Banderas —personajes de menor relevancia, pero cercanos al expresidente Echeverría— y con mucho escándalo —quizá por inéditos—, también fueron encarcelados en el gobierno de José López Portillo acusados de malos manejos.

El caso del ex jefe de policía de la Ciudad de México Arturo Durazo Moreno fue de antología en el gobierno de Miguel De La Madrid.

Eduardo Pesqueira Olea, secretario de Agricultura y director del Banrural en el gobierno del presidente De La Madrid, también.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron separados de sus cargos 17 gobernadores, algunos de ellos severamente cuestionados en sus entidades. Ninguno sufrió proceso penal.

A Vicente Fox le brotó el escándalo del affaire “Amigos de Fox”, relacionado con aportaciones económicas para financiar su campaña. El asunto no pasó a mayores. También enfrentó el llamado pemexgate.

En el sexenio de Felipe Calderón, Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la CFE, fue procesado y encarcelado por “enriquecimiento inexplicable” que siempre fue muy explicable.

Entre los ex gobernadores enjuiciados destaca Israel Nogueda Otero, de Guerrero, quien desde 1975 no solo fue destituido por el Senado de la República sino que fue sometido a proceso y encarcelado por la venta de terrenos para el Infonavit, presuntamente ilegales: “fue el capricho del nuevo gobernador Figueroa, que encontró eco en el cambiante estado emocional del presidente don Luis Echeverría”, sostiene Raúl F. Cárdenas

Ese año también renunció Carlos Armando Biébrich, de Sonora, que fue denunciado penalmente pero no encarcelado.

“En mayo de 1977 Nogueda Otero quedó en libertad absoluta por desvanecimiento de datos. No había cometido fraude. Era inocente”.

Posteriormente —ya en el gobierno de López Portillo— le tocaría a Óscar Flores Tapia, de Coahuila, que dejó el poder en medio de señalamientos sobre enriquecimiento ilícito. El asunto concluyó con su renuncia al cargo.

En la alternancia y a partir de 1989, año en que el PRI pierde por primera vez una gubernatura, dos ex gobernadores de Baja California Sur: Guillermo Mercado Romero y Narciso Agúndez, fueron encarcelados, y el otro, Marcos Covarrubias, investigado.

Encarcelados: Mario Villanueva y Roberto Borge, de Quintana Roo, y Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas. Por poco tiempo: Rodrigo Medina, de Nuevo León. Cinco años pasó en la cárcel Andrés Granier, de Tabasco, y poco más de tres Jesús Reyna, de Michoacán; también Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes.

Prófugo: Jorge Torres, de Coahuila. Dos ex gobernadores de Tamaulipas encarcelados en los Estados Unidos: Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Presos: Javier Duarte Flores y Flavino Ríos, de Veracruz. Guillermo Padrés, de Sonora pasó dos años en la cárcel y salió pero lleva su proceso en libertad. Permanecen procesos abiertos contra César Duarte, de Chihuahua, Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit, Rodrigo Medina, de Nuevo León y Mario Anguiano de Colima.

El combate a la corrupción y el encarcelamiento de los ex gobernadores se inició primero como cobro de facturas políticas —en la mayoría de los casos—, y posteriormente se acentuó ya en la alternancia en los gobiernos estatales donde un partido diferente actuaba sobre el que se había ido sin necesidad de acuerdo presidencial. La excepción fue la persecución de Patricio Chirinos contra Dante Delgado en Veracruz.

Ahora que están activamente en los medios de comunicación los casos de Rosario Robles (ex jefa de gobierno del DF y ex dirigente nacional del PRD) y Emilio Lozoya (Ex director de Pemex) por los casos de la “Estafa Maestra” y del caso Oderbrecht-Pemex —casos que fueron denunciados  en el gobierno anterior—, no está de más el esperar que las cosas realmente vayan en serio y que el combate a la corrupción se haga aplicando estrictamente la Ley, dejando de lado las consideraciones políticas, como hasta ahora se piensa de los procesos mencionados.

La lucha debe ser pareja y sin exclusiones: Deben recibir el mismo castigo aquellos que han ocupado cargos públicos y los han utilizado para enriquecerse, como quienes desde la esfera privada se encargan de estimular y fomentar la corrupción, ubicando comúnmente personeros en el poder público para recibir prebendas, sobornos y moches, y que con el tiempo han logrado construir enormes fortunas a costa de las finanzas públicas… Y del debilitamiento de las instituciones.

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