Primer Informe: ¿Qué sigue?

El presidente se ha obsesionado con su tesis de la Cuarta Transformación, pero ni ha definido sus componentes ni ha diseñado el programa constitucional ni la plataforma política que permita observar la profundidad del proyecto

Por Bulmaro Pacheco

Se trata de un estilo diferente de gobierno; “estilo personal” diría el historiador Daniel Cosío Villegas.

Durante los primeros nueve meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no han faltado quienes han intentado descifrar tanto el estilo como las formas y las principales decisiones de gobierno, de un personaje que desde 2006 había buscado la Presidencia de la República y que tuvo que sortear —hecho inédito en un siglo— tres campañas presidenciales antes de llegar al poder.

En estos nueve meses ha habido de todo: Desde quienes lo han criticado acremente, negando cualquier avance y cuestionando casi todas las decisiones del gobierno, hasta quienes contestaron la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) sobre “si está de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador”, con un 70.5% que sí está de acuerdo, un 27.4% que no, y un 2.15 que no contestó.

Otras encuestas como Mitofsky lo ubican en un 63%, destacando que lo que más le valoran es la cercanía con la gente, su fama de honesto y su preocupación por los pobres.

En la misma encuesta de GCE, el 56.2% de los entrevistados mencionan que la inseguridad ha aumentado y el 23.3 dice que ha disminuido, destacando avances en la lucha contra la corrupción y la pobreza. En la de Mitofsky le señalan como punto débiles la inseguridad, la falta de protección a los paisanos en los Estados Unidos y la ausencia de inversión extranjera, entre otros.

Todo esto en medio de la polémica sobre la falta de crecimiento económico y los eventos violentos que han puesto en duda las medidas para lograr avanzar en la seguridad pública y en los programas que el Gobierno se ha esforzado en consolidar.

El presidente se ha obsesionado con su tesis de la Cuarta Transformación y, a pesar de que a cada rato nos la recuerda, ni ha definido sus componentes ni ha diseñado el programa constitucional ni la plataforma política que permita observar la profundidad del proyecto que presume —y ubica— al mismo nivel de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Su tesis de que todo en el pasado fue peor, y que —ese pasado de 36 años— es el verdadero culpable de los problemas, no es original. Esa tesis empezó a manejarse con Vicente Fox cuando hablaba de los “70 años perdidos”, para justificar la falta de propuestas y soluciones a los grandes desafíos nacionales. A Fox no le funcionó porque la gente votó masivamente, confiada en el cambio que ofreció y no por pretextos. A López Obrador al parecer, tampoco, por lo mismo.

El presidente se ha obsesionado también en comparar su gobierno con los que encabezaron Juárez, Madero y Cárdenas. Tres etapas de la historia de México con los presidentes mejor evaluados por la opinión pública, pero con circunstancias totalmente diferentes a las que hoy vivimos. Y dice: “La honestidad es lo que más estimo en la vida, y estoy convencido que sin autoridad moral, no hay autoridad política” repite a cada rato que a él “le interesa más que sus colaboradores tengan un 99% de honestidad contra un 1% de capacidad”. También “becarios y no sicarios”, además de “me canso ganso” y de que en materia de corrupción “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. Recalca que es hombre de palabra y que en nueve meses ha cumplido la mayoría de los compromisos con la gente más necesitada de México: Los pobres, los jóvenes y los adultos mayores. Son sus principales ideas.

El artículo 69 constitucional establece que “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Y el 65 establece: “El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la Constitución (1 de octubre, a partir del 2024, N. de A.), en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo período de sesiones ordenarías”.

El primer informe del presidente (dado que tomó posesión el 1 de diciembre) necesariamente debe cubrir los primeros 9 meses de su mandato. El dilema para el gobierno y los encargados de la evaluación de las políticas públicas, es que los principales indicadores de la economía y el desarrollo social se presentan a finales del año, cuando el ejercicio de los presupuestos y los principales programas ya aterrizaron en su vigencia anual y las previsiones cíclicas de las instituciones públicas y privadas pueden medir con certeza los indicadores básicos, como la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de creación de nuevos empleos, el porcentaje de inflación anual, el incremento de los precios, las tasas de interés y los niveles de inversión pública, privada y extranjera; así como el cierre del monto anual de las remesas enviadas por los mexicanos, principalmente residentes en los Estados Unidos. Todo eso para medir realmente si México avanza o se estanca en sus principales proyecciones.

Si ya se tuviera esa información, el primer informe del presidente de la República en México estaría más completo en el renglón correspondiente a hechos concretos y a las realizaciones de la administración pública federal, de acuerdo a los compromisos adquiridos en campaña.

Por eso, se entiende que en los “spots” promocionales del primer informe de gobierno el presidente López Obrador más que logros concretos que no los hay, se dedique a repasar sus principales símbolos de campaña, tales como los relativos al avión presidencial, la desaparición de las pensiones de los ex presidentes, la extinción del Estado Mayor Presidencial y los apoyos a los programas sociales, destacándolos como sus activos de gobierno más importantes.

Fueron temas y ofertas de campaña que en su momento registró puntualmente el votante radical de Morena y López Obrador, y de los que mejores resultados electorales le produjeron a su partido en el momento de la elección. Símbolos no muy contundentes (en lo económico) en la solución de los agudos problemas de México, pero sí, influyentes en la imagen del presidente con su clientela política.

No le han faltado temas polémicos al presidente López Obrador en estos nueve meses: La construcción de una nueva refinería; la cancelación del proyecto del aeropuerto de la CDMX; el tren maya; el diálogo con las autodefensas; la violación constitucional en Baja California; la cancelación de programas sociales y el seguro popular; y los pendientes que a juicio de la opinión pública faltan por atenderse, señalando entre como principales: La falta de confianza y los niveles de incertidumbre que se registran entre los inversionistas; la sensación de retroceso —Deconstrucción dicen— institucional que le ha señalado hasta la Coparmex; la falta de inversión pública y privada; la ausencia del presidente en la política exterior (no ha querido salir al extranjero); el estancamiento de la economía; la preocupante inseguridad pública, con un mayor número de muertos que en el pasado; el manejo desaseado del Ejecutivo con del Poder Judicial, a través de recomendados; el nepotismo de sus colaboradores; la compleja relación con el Poder Legislativo, confiado en la zona de confort que le brindan la mayoría de Morena, PT, PES y el siempre oportuno Verde Ecologista, pero sin diálogo con las otras fuerzas; la desaseada relación del presidente con los ex presidentes, llegando incluso hasta la burla personal contra Felipe Calderón; la parcial relación con los sindicatos, buscando la construcción de otras alternativas de representación; la desairada relación con los gobernadores de los estados, por la creación de los superdelegados y por ignorarlos a la hora de las negociaciones de problemas con actores estatales; el apoyo subrepticio a la estructura de Morena a través de los llamados “siervos de la nación” y los representantes “distritales federales” del gobierno, para la aplicación de los programas sociales; y otros temas polémicos.

En el debate ellos sostienen que se trata de un cambio de régimen y de una cuarta transformación con todo lo que eso signifique. A nueve meses del nuevo gobierno, casi todo está por verse. Les falta diseño y un verdadero plan nacional de desarrollo. Les falta una verdadera política de unidad y conciliación entre las fuerzas políticas y económicas, —que no creemos aparezca para nada en su agenda—, y como bien sostiene Liébano Sáenz: “El optimismo no es generalizado, de hecho ha perdido intensidad y en materia económica (le agregaríamos que en materia de seguridad también) el sentimiento es más de reserva”.

[email protected]