Sonora vende su futuro a las mineras

Países como Argentina y El Salvador han prohibido ya la operación de minas abiertas, mientras, el estado convierte esta actividad en puntal de su economía; las voces de ejidatarios, indígenas, académicos y ecologistas son ignoradas

Por Imanol Caneyada

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado presume que Sonora es el estado líder en productividad minera de la República Mexicana. Es el principal productor de cobre, grafito, wollastonita, carbón antracítico y el único productor de molibdeno. Además de producir el 24% del oro del país, es un importante productor de plata, fierro y minerales no metálicos como: Barita, Silica, Yeso, Sal y Zeolitas.

También afirma que el territorio sonorense, el segundo más grande de México, cuenta con más de 5,000 concesiones mineras, que representan más de 43 mil kilómetros cuadrados, el 23% de su superficie. Comparativamente esta cantidad es superior a la suma de la superficie de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Colima Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y la ciudad de México.

Más de 80% del cobre que produce el país es extraído de suelo sonorense; el 25% del oro en México sale de las entrañas de esta entidad.

Tanto el actual gobierno estatal como los anteriores han manifestado su apoyo irrestricto a la actividad minera por considerarla un puntal del desarrollo económico. El estado es líder en el país en concesiones mineras con cerca del 18% de las mismas.

Paralelo al discurso oficial que avala esta actividad en el estado sin pedir cuentas a cambio, las voces de ejidatarios, pueblos indígenas, académicos de diferentes instituciones y grupos ambientalistas en Sonora y México no se han cansado de denunciar el impacto social, cultural y ambiental de las poderosas empresas mineras en los territorios donde se instalan.

Voces ignoradas reiteradamente a favor de una de las industrias más contaminantes del planeta.

Greenpeace lleva advirtiendo hace años que la corrupción y las laxas leyes ambientales imperantes en América Latina permiten a empresas trasnacionales evadir sus responsabilidades ecológicas al operar en países cuyos gobiernos se doblegan ante el poder económico de éstas.

La propia Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), denunció hace dos años a las mineras canadienses que operan en México, las cuales son ejemplares en su país pero las más corruptas aquí.

En el documento titulado “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, exhibe que las mineras canadienses no pagan impuestos, no tienen restricciones ambientales suficientes y despojan a comunidades indígenas y campesinas por medio de la corrupción de sus líderes y autoridades… todo lo que no podrían hacer en su país.

El estudio también revela que el gobierno mexicano ha ocultado información desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se incrementó el otorgamiento de concesiones mineras, y pone sobreaviso: “Durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los hechos, por lo que el estudio pretende identificar las lagunas y distorsiones, puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas autoridades”.

Según datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, 22 empresas canadienses explotan y exploran el territorio sonorense con 139 proyectos de búsqueda y extracción.

En marzo del año pasado, el Gobierno del estado anunciaba triunfal la ampliación de operaciones de 12 empresas mineras en Sonora con una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

La directora del Cluster Minero de Sonora, Margarita Bejarano, dio a conocer a principios de esta semana que durante el presente año operarán seis nuevos proyectos mineros en la entidad y agregó: “El mapa de Sonora está pintado de minería y prácticamente en todas las regiones están llevándose a cabo proyectos de explotación”.

Voces de alerta, oídos sordos

La Red Mexicana de Afectados por la Minería ha denunciado en repetidas ocasiones el impacto ambiental, social y económico que la actividad indiscriminada de extracción minera tiene en las comunidades en las que se llevan a cabo.

Por cada gramo de oro producido, queda una tonelada de tierra con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados, que por siglos contaminará el aire y los mantos de agua.

Donde antes había ecosistemas complejos quedan cráteres enormes en los que la flora y fauna no se regeneran.

La economía local, lejos de mejorar, es afectada. Se pierden tierras para cultivo y la presencia de minas ahuyenta al turismo.

Se consumen enormes cantidades de agua: en promedio, 32 millones de litros al día. Aunque a veces se recicla una parte, no hay ninguna garantía de que esa agua sea segura.

Se despoja a todos los mexicanos; las mineras se llevan el material y dejan un ambiente destruido, tierras contaminadas y población con enfermedades. La inmensa mayoría de los afectados son pueblos indígenas y las beneficiadas son las transnacionales.

El diagnóstico de la Red Mexicana de Afectados por la Minería encaja perfectamente en la situación en la que se encuentran los pueblos del Río Sonora después del mayor desastre ecológico sucedido en México, según lo calificó el propio Gobierno federal en su momento, cuestión que molestó mucho a Grupo México, responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, afectando a 24 mil habitantes. La megaempresa minera llamó exagerado al secretario de la Semarnat, Juan José Guerra, por referirse así al suceso.

A casi tres años de la tragedia, el Fideicomiso formado expresamente para atender el impacto ambiental, económico y social de este derrame, no ha cumplido con la agenda prometida para restituir en una parte los daños.

Integrado por el Gobierno federal y Grupo México, se pactaron 2 mil millones de pesos que se aplicarían en diferentes fases, en las que se incluían la reparación del daño al ambiente, a la salud de los habitantes y a la economía de la región.

De forma estratégica, al inicio de la pasada Semana Santa, Grupo México anunció que, debido a que el Río Sonora ya no presenta índices de contaminación que afecten a la salud, únicamente construirá nueve plantas potabilizadoras de las 37 que habían prometido. El silencio del Gobierno federal ante el anuncio apunta a la complicidad constantemente señalada por organizaciones ambientalistas.

La doctora Reina Castro Longoria, investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, ha demostrado que los niveles de arsénico, cobre, fierro y aluminio en la sangre de los habitantes del Río Sonora superan los que marcan las normas internacionales y ha indicado que en México la norma es laxa y no cumple con los estándares internacionales.

El Fideicomiso tampoco ha construido la clínica especializada que anunciaron para atender a los damnificados.

Los habitantes del Río Sonora han denunciado una y otra vez que el dinero que Grupo México otorgó para reparación del daño quedó en manos de alcaldes y diputados del PRI y del PAN.

En cuanto al deterioro económico de la región, apenas hace una semana, agricultores del río Sonora denunciaban al reportero de Dossier Político Alejandro Matty, que dejaron de sembrar sus hortalizas y lo único que han podido sembrar es ajo, producto que comercializan para alimentarse principalmente, sin obtener siquiera ganancias o recursos extras para sus familias.

El turismo ha descendido en la región después del desastre ecológico y las verdaderas cifras de los afectados en su salud han sido minimizadas por Conagua, Semarnat y Cofepris.

Pero este no es el único expediente abierto en cuanto el impacto de la actividad minera en Sonora.

En Nacozari, los ejidatarios vienen denunciando desde hace al menos siete años el despojo de sus tierras y la contaminación que afecta gravemente al ganado a causa de la mina La Caridad.

En los últimos cuatro años, en Sonora, habitantes de las comunidades de

San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa; La Colorada y Mulatos, en Sahuaripa, han hecho públicas las afectaciones a su salud y la contaminación ambiental a causa de la actividad minera.

En el presente, sobre las cabezas de los pueblos indígenas guarijío, seri y yaqui, pende la amenaza de desplazamiento y pérdida de territorio por la expansión descontrolada de las empresas mineras.

Mientras tanto, en Argentina, siete provincias han prohibido la minería a cielo abierto; a principios de año el congreso de El Salvador emitió una prohibición contra este método; en Alemania, República Checa y Grecia no puede utilizarse este método de extracción.

En varios estados y provincias de Australia, Canadá y Estados Unidos tampoco.

En Sonora las minas de Cananea, Piedras Verdes, La Caridad, La Herradura y San Francisco están catalogadas como “a cielo abierto”, la técnica de mayor impacto ambiental.