Contratos en tiempos de la «4T»: mañas de ayer y hoy

Por Rigo Gutiérrez Escalante

No hay que buscarle tres pies al gato, la forma en que el Gobierno Federal está gastando el dinero público es peor a como siempre se ha hecho, en medio de triquiñuelas y licitaciones amañadas. Eso no es nuevo. El quid radica en que la autollamada «Cuarta Transformación» prometió dejar atrás esas prácticas que tanto criticó al PRI y al PAN, pero ahora sabemos que eso sólo era discurso para los spots… Del dicho al hecho, hay millones de pesos que se están adjudicando directamente.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, presentó recientemente un estudio del investigador Leonardo Núñez. El reporte «Adjudicaciones Directas: costumbre de ayer y hoy», revela que tres de cada cuatro contratos del gobierno se entregan por esa vía. ¿Y cuál es el problema?

Bueno, cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o una obra, son tres las alternativas que tiene. Primero, hacer una licitación pública; Segundo, invitar cuando menos a tres participantes para ver la mejor opción; Tercero, adjudicar directamente.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución y otras leyes, se considera que la Licitación Pública debe ser la regla para todos los contratos.

El dato que arroja la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción es escalofriante, durante el 2019 del mundo de contratos que hizo el Gobierno Federal, 139 mil 835 fueron adjudicación directa, eso representa el 78.16 %. Y en dinero equivale 129 mil 658 millones de pesos (el 40.27 % del monto total asignado).

Sin duda, el abuso de esta herramienta levanta sospechas. Para darse una idea, las tres instituciones que más recurrieron a esto de asiganar contratos son: el IMSS (39, 927), Diconsa (21,458) e Issste (7,122).

No es por nada, pero como recordará, recientemente se ha destapado una crisis en el abasto de medicamentos en IMSS, como el caso del Hospital Infantil «Federico Gómez» donde niños con cáncer no tenían el fármaco para las quimioterapias. Al parecer, todas estas problemáticas se deben a supuestos nuevos mecanismos de compras de la Secretaría de Hacienda.

Desgraciadamete, pero es como una ley no escrita, siempre las malas obras, desencadenan otros males. Creo que no se vale afectar a la población de esa forma, sobre todo cuando se trata de salud.

Lo cierto es que se ve lejano que alguien castigue estas prácticas. Ya vimos que la señora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, sólo está para encubrir, como ocurrió con Manuel Bartlett, director de la CFE, a quien lo exoneró en la investigación de sus 23 casas y 12 empresas. ¡Blancas palomitas!