El oscuro pasado del Alumbrado Público

Más de 300 millones de pesos dejaron de invertirse en el rubro entre 2013 y 2015, se desconoce el paradero del dinero; el compromiso público del alcalde no tiene ningún valor legal frente al Decreto del Congreso y las Bases de la licitación

Por Imanol Caneyada

La polémica concesión del servicio y mantenimiento del alumbrado público de Hermosillo a la iniciativa privada está punto de llegar a su fin; según marca la Convocatoria para personas físicas o morales interesadas en solicitar la concesión del servicio de Alumbrado Público para el municipio de Hermosillo No. AP/001/2017, el próximo dos de marzo el Ayuntamiento tendrá que dar a conocer a la empresa ganadora de la licitación.

El proceso, desde que se anunció hasta la fecha, ha encontrado una fuerte oposición por parte de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, mientras que el PAN se ha mostrado tibio y ambiguo, votando sus regidores a favor de la concesión para después exigir que únicamente se comprometa los recursos del DAP para tal efecto.

El movimiento No al Gasolinazo también ha incluido en su pliego petitorio la negativa a comprometer durante quince años los recursos públicos municipales a favor de la empresa que resulte beneficiada por la licitación.

El principal argumento que ha esgrimido la actual administración municipal para dar este controvertido paso es el desastroso estado en que se encuentra la red de alumbrado público de la ciudad.

En la fundamentación de las Bases del concurso, la Administración asienta lo siguiente:

“Actualmente el Municipio cuenta con un Sistema de Alumbrado Público deficiente e incompleto, además cuenta con tecnología obsoleta y un sistema eléctrico que requiere ser renovado. Aproximadamente el 30% del mismo está operando en condiciones deficientes, lo anterior sin considerar la infraestructura faltante y necesaria para proporcionar los niveles de luminosidad óptimos”.

¿Cómo y por qué se llegó a esto? La respuesta nos lleva directamente a la corrupción.

Un agujero de 300 millones de pesos en el Alumbrado Público

El equipo de redacción de Primera Plana se sumergió en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Hermosillo, y encontró que 304 millones 586 mil 643 pesos, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, no se ejercieron en el rubro del alumbrado público.

En el año 2013 estaba presupuestado para el área de mantenimiento y servicio de las luminarias de la ciudad un estimado de 86 millones de pesos; no obstante, los ingresos por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) superaron por mucho las expectativas de la administración de Alejandro López Caballero, ingresando a las arcas municipales 150 millones 381 mil 822 pesos.

El problema es que únicamente se ejercieron durante ese año en el rubro correspondiente 23 millones 639 mil 184 pesos.

¿A dónde fueron a parar 126 millones 742 mil 638 pesos?

En 2014 el comportamiento financiero es muy parecido. Fueron presupuestados para el Alumbrado Público poco más de 111 millones de pesos, el ingreso ascendió a 155 millones 351 mil 244 pesos; únicamente se ejercieron 27 millones 984 mil 613 pesos.

¿A dónde fueron a parar 127 millones 366 mil 631 pesos?

En 2015 el faltante se reduce a 50 millones, 477 mil 374 pesos. El ingreso en ese año fue de poco más de 170 millones de pesos y se ejercieron 120 millones.

Durante los años 2013, 2014 y 2015 dejaron de invertirse en el sistema de alumbrado público de la ciudad de Hermosillo poco más de 300 millones de pesos, lo que provocó el definitivo colapso del mismo.

De este periodo de tiempo, dos años y nueve meses corresponden a la administración de Alejandro López Caballero, quien el pasado 10 de enero recibió un auto de formal prisión por parte del Juzgado Decimoprimero con sede en Hermosillo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de facultades y atribuciones.

Un amparo le ha permitido al ex edil seguir el proceso en libertad.

Complicado proceso en Cabildo

La corrupción, la impunidad y la secrecía con que históricamente se han manejado las finanzas públicas de la administración municipal de esta ciudad y el hartazgo de la ciudadanía tienen al alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez contra las cuerdas, en un proceso en el que, una vez más, las medias verdades y la falta de una comunicación efectiva salpican al ayuntamiento.

Uno de los cuestionamientos que tanto Movimiento Ciudadano como una parte de la población le han hecho al presidente municipal es la falta de transparencia y claridad en los motivos de concesionar el servicio y en el proceso de licitación.

Acosta Gutiérrez y su equipo han proclamado que la concesión ha sido en todo momento pública y transparente.

En efecto, tanto la convocatoria como las bases del concurso pueden consultarse en la página www.hermosillo.gob.mx.

Asimismo, las sesiones del Comité Técnico Evaluador de las propuestas son públicas y han podido seguirse a través de este mismo portal.

Sin embargo, la composición de dicho Comité dista mucho de ser plural y ciudadano; lo integran los titulares de Alumbrado Público, Fortino León Robinson; Tesorería Municipal, Tadeo Iruretagoyena Tirado; Dirección Jurídica del Ayuntamiento, Walter Octavio Valdez Trujillo; Oficialía Mayor, Luis Peralta Gaxiola; Contraloría Municipal, Jorge Armenta Montaño y los regidores Carlos Zepeda Bañuelos del PRI e Israel Moreno Durazo del PAN.

Brillan por su ausencia académicos, expertos y representantes de diferentes sectores de la sociedad civil.

Tampoco hubo un ejercicio de consulta pública para conocer el parecer de la ciudadanía, teniendo en cuenta que  en la concesión se comprometerán durante 15 años (cinco administraciones) parte de los recursos públicos del ayuntamiento.

El otro punto muy controvertido en este proceso es precisamente el que tiene que ver con el dinero que se destinará a la empresa que obtenga la concesión.

El pasado martes 21 de febrero, el alcalde Manuel Ignacio Acosta suscribió un compromiso público con los hermosillenses con el que se asegura que al concesionar el mantenimiento de Alumbrado Público, los ciudadanos no pagarán más de lo que ya se pagan cada año por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), con la diferencia de obtener un servicio de alta calidad.

Tanto el alcalde como su equipo son conscientes de que el decreto aprobado por mayoría en el Congreso del estado establece que si los recursos derivados del DAP no alcanzan a cubrir el servicio prestado por la empresa, podrán echar mano de cualquier recurso público municipal que no sea federal ni estatal. Es decir, el predial, el impuesto de traslado de dominio, las multas y cualquier otro ingreso propio del Ayuntamiento.

En las Bases de la convocatoria que lanzó el Ayuntamiento de Hermosillo, se establece lo siguiente:

“Se autorizó la afectación de los ingresos del Municipio provenientes del excedente del derecho de alumbrado público (DAP), y si estos últimos no resultasen suficientes, se tomaría como fuente de pago alterna el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles y del impuesto predial para el pago de la concesión del servicio de alumbrado público”.

Más adelante, en ese mismo documento se ordena que cualquier modificación a estas bases

“deberán notificarse a cada Participante a más tardar el segundo día hábil previo a la fecha de presentación de las Propuestas, pudiendo diferirse la fecha señalada para el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas en caso de ser necesario.

“La notificación de las modificaciones se llevará a cabo a través del acta levantada con motivo del acto de Junta de Aclaraciones y/o mediante su publicación en el portal de la Convocante, en el entendido que este procedimiento sustituye a la notificación personal”.

Nada de lo anterior ha sido realizado.

Por lo que el compromiso público adquirido por el presidente municipal de no comprometer las finanzas públicas más allá del DAP no tiene ninguna validez legal frente al decreto emitido por el Congreso el 26 de diciembre del año pasado, ni la previa autorización aprobada por el Cabildo el 26 de noviembre ni, por supuesto, las Bases de la convocatoria.

La ruta política

El próximo martes 28 de febrero deberá estar listo el Dictamen técnico, financiero legal y administrativo, según lo marca la convocatoria.

El artículo 267 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala:

“Concluido el período de recepción de solicitudes, el Ayuntamiento, con base en un dictamen técnico, financiero, legal y administrativo emitirá, dentro del término de veinte días hábiles, la resolución correspondiente, que deberá ser aprobada por mayoría calificada…”

Dos terceras partes del Cabildo de Hermosillo deberá aprobar la resolución del Comité Técnico, es decir, si se otorga la concesión a la empresa que resulte ganadora de las tres que están en lista.

La actual administración necesita de 16 votos; tiene asegurados los 12 votos de los regidores priistas más el del regidor étnico, el de la síndico municipal y el del alcalde, es decir, quince.

Necesita un voto más que deberá cosechar entre los cinco ediles del PAN, los dos de Movimiento Ciudadano o el de Morena.

De ser así, la empresa ganadora tendrá la concesión del mantenimiento y servicio del alumbrado público de la capital del estado durante quince años.

Si la propuesta no obtiene la mayoría calificada, el Ayuntamiento de Hermosillo deberá lanzar de nuevo una convocatoria y cumplir otra vez con todo el proceso.

Es decir, en la sesión de Cabildo en la que se someta a votación el dictamen técnico no estará en juego la concesión del servicio en sí, ése ya está aprobado, sino el resultado del proceso de licitación.

Este mismo resultado puede ser impugnado por alguna de las empresas participantes que no resulten favorecidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.