Nadie cree ya en la justicia federal

¿Busca la PGR, con la complicidad del Poder Judicial de la Federación, dejar fuera al Gobierno del estado en el caso Padrés?  

Por Imanol Caneyada

Cada vez más el Poder Judicial de la Federación está siendo puesto en entredicho por la ciudadanía. Juzgados de distrito, tribunales colegiados, incluso la Suprema Corte de Justicia sorprenden con sus decisiones al otorgar amparos a personajes con poder económico y/o político y con resoluciones a modo de éstos.

En el caso de la SCJN, las conclusiones a las que llegaron los ministros sobre la tragedia de la guardería ABC dejaron la sensación de que, si bien juzgaban al sistema de subrogación de estancias infantiles, los individuos involucrados de una u otra forma en el fatal incendio eran exonerados de toda responsabilidad.

La reciente noticia de que uno de los tristemente conocidos como Porkys salía en libertad mediante un juicio de amparo en el que el juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró que no hubo lascivia en los tocamientos, ha puesto al país al borde de la histeria.

Si ya hace mucho tiempo dejamos de creer en el sistema político, el sistema de justicia, el federal sobre todo, uno de los pocos baluartes institucionales que parecían a salvo, ha caído en el paulatino descrédito.

Por lo mismo, en el caso del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, el actuar de los juzgados de distrito con sede en Hermosillo han estado sujetos a la suspicacia, la desconfianza y la sospecha.

Especialmente el juez segundo de Distrito, Manuel Hiram Rivera Navarro, a quien no pocos analistas y columnistas han comenzado a llamar el juez panista, el juez azul.

Manuel Hiram Rivera Navarro fue nombrado juez del Segundo Distrito con sede en Hermosillo el 3 de marzo de 2016.

Ha sido docente en la Universidad Xochicalco con los temas «Sustanciación del Juicio de Amparo» y Programa de la Maestría en Ciencias Penales.

Como servidor público ha ostentado los siguientes cargos:

Oficial Judicial, Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; Oficial Judicial y Secretario Ejecutivo, Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Baja California; Oficial Administrativo y Secretario, Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Baja California; Secretario, Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito; y Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora.

De manera recurrente se le ha ligado al ex procurador en tiempos del presidente Zedillo y actual abogado de Padrés, Antonio Lozano Gracia, a quien señalan de haber aprovechado el cargo para impulsar las carreras de diferentes servidores públicos en el sistema judicial federal, para luego convertirse en uno de los abogados amparistas más destacados del país.

Todo lo anterior no ha pasado del terreno de la especulación.

Pero si nos ceñimos al actuar del juez Manuel Hiram Navarro desde su llegada al Juzgado Segundo de Distrito, ciertas decisiones que ha tomado, contradictorias algunas y poco sustentadas otras, lo han puesto en el ojo del huracán.

La pregunta se impone: ¿es este funcionario un peón del Gobierno federal (PGR), poniendo en entredicho la separación de poderes, o sirve a los intereses de quienes integraron el tristemente célebre Nuevo Sonora?

La militancia panista de Antonio Lozano Gracia y la consecución de dos amparos bastante cuestionados para su cliente, el ex gobernador, con el citado juez, podría apuntar a una velada simpatía blanquiazul de Manuel Hiram Navarro.

Sin embargo, una serie de hechos en el plano político coincidentes con su llegada al cargo orillan a pensar que el titular del Juzgado Segundo de Distrito está actuando para dejar fuera de la jugada al Gobierno estatal, a la PGJE y a la Fiscalía Anticorrupción, de manera que el destino de Guillermo Padrés quede únicamente en manos del Gobierno federal vía la PGR, como pieza de intercambio en el caso de otros dos ex gobernadores, Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua respectivamente, entidades en donde el blanquiazul obtuvo el triunfo el año pasado.

La continuidad del proyecto priista en ambos estados se rompió en junio de 2016 y los dos ex mandatarios quedaron altamente expuestos.

Los catastróficos resultados que obtuvo el PRI en los comicios de 2016 fueron achacados principalmente a la incapacidad de este partido de distanciarse de sus gobernadores más señalados por supuestos delitos de corrupción.

El entonces presidente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, renunciaba al cargo a causa de las múltiples derrotas, pero fiel a su estilo, dejaba una serie de mensajes con Los Pinos como destinatario: “Hay que asumir el mensaje que nos ha dado el electorado al PRI y también a sus gobiernos, de que hay acciones y actitudes que hay que mejorar y cambiar para reconectarnos con la ciudadanía”.

“La vida y la política imponen retos que no siempre están en manos de uno resolver, pero hay que asumir con responsabilidad las consecuencias”.

Una parte del priismo, el beltronista, el más alejado de Peña Nieto, señalaba al Gobierno federal de consentir a los Duarte en sus acciones, además de tener que lidiar con sus propios casos de corrupción, lo que había precipitado lo que se consideró una histórica derrota.

Manlio Fabio Beltrones presentó su renuncia a la dirigencia del tricolor el 20 de junio de 2016, un día después, su protegida política, la gobernadora Claudia Pavlovich, enviaba una carta a la PGR exigiendo mayor celeridad en las investigaciones que llevaban a cabo sobre Guillermo Padrés.

La lectura que se hizo de los tiempos y decisiones de ambos personajes fue inevitable: con las derrotas en Veracruz y Chihuahua, Guillermo Padrés podía convertirse en una ficha de negociación con los gobiernos panistas recién electos en ambos estados, los cuales iban a sacar a la luz la descomposición de la gestión de los ex gobernadores del tricolor, como así ha sido.

Mes y medio después, el siete de agosto de 2016, Manuel Hiram Navarro otorgaba un amparo al ex gobernador Padrés, mediante el cual prohibía a Claudia Pavlovich, al titular de la PGJE, Rodolfo Montes de Oca, y al fiscal anticorrupción, Odracir Espinoza, pronunciar el nombre del ex mandatario ante la prensa y señalarlo de cualquier supuesto delito.

Una de las principales banderas de la actual administración, la lucha contra la corrupción supuestamente generada por el Nuevo Sonora, sufría un duro golpe: el silencio.

El segundo golpe, definitivo para algunos, ha sido la sentencia del mismo juez segundo de Distrito, dada a conocer el pasado 16 de marzo, al declarar inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción.

Un fallo cuestionado por varios expertos en amparo, pues la creación de dicha fiscalía, sostienen, no responde a una reforma constitucional precipitada, sino a un reordenamiento administrativo para el que la jefa del Ejecutivo sí tiene facultades.

Fallo, por otra parte, que contradice la negación del amparo de la justicia federal a otros ex funcionarios padresistas que argumentaron asimismo la inconstitucionalidad de la Fiscalía Anticorrupción, como por ejemplo, el caso de Luis Felipe Romero López, exsecretario del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Cierto es que Guillermo Padrés guarda prisión preventiva, pero únicamente por la imputación de delitos federales de parte de la PGR.

La estrategia del ex gobernador, desde su mediática y circense entrega en noviembre del año pasado, hasta la lucha judicial que Lozano Gracia ha emprendido contra el Gobierno estatal, parecen apuntar a la negociación con un solo actor: el Gobierno federal, cuestionado reiteradamente por los nulos resultados a la hora de aprehender y llevar ante la justicia a los dos ex gobernadores Duarte.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción, a casi dos años de su creación, no ha entregado los resultados que se esperaban y con la implementación definitiva del Sistema Estatal Anticorrupción, pronto desaparecerá.

Los jueces de distrito y tribunales colegiados han ido desarmándola, mientras que la joya de la corona, Guillermo Padrés, parece muy lejos del alcance de la justicia estatal.

Todo está en manos de la PGR y de un Poder Judicial de la Federación en el que ya nadie cree.