Sonora, el peor evaluado en la aplicación del nuevo Sistema Penal

Junto con Oaxaca es la entidad con calificación más baja según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; obtuvo un 7.7, solamente superando al estado sureño, calificado con un 7.4

Por Imanol Caneyada

En Sonora el nuevo sistema de justicia penal se aplicó tarde y mal; así lo refleja el informe “Consolidación del Sistema de Justicia Penal”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.

En la Tabla 5, página 14 del documento, aparece el ranking del Sistema de Justicia Penal del 2016 por entidades federativas, en el que Sonora obtiene una calificación en ambos semestres de 7.7.

Solamente Oaxaca es calificada por debajo de nuestra entidad con un 7.4; Michoacán, Guerrero, Nayarit e Hidalgo, si bien en el primer semestre del año presentaron una nota más baja que la de Sonora, en el segundo semestre lograron una puntuación mayor.

Coahuila es el estado mejor calificado en el segundo semestre con un 9.6 de calificación, seguido de Ciudad de México, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán con 9.4.

El informe sitúa el promedio nacional al segundo semestre en 8.7, un punto por encima de Sonora.

“A partir del año 2014 hasta septiembre de 2016 —establece el informe—, la SETEC evaluó el avance de los operadores del Sistema de Justicia Penal (SJP) (Tribunales Superiores de Justicia, Procuradurías o Fiscalías, Defensorías Públicas, Secretarías de Seguridad Pública, Instituciones de Justicia Alternativa y de Servicios Periciales) a través de indicadores, mismos que fueron empleados para la aplicación de la metodología antes mencionada. La última evaluación realizada por servidores públicos de SETEC recopila información sobre el avance en la generación de capacidades en cuatro de los “Ejes Estratégicos” del SJP:

“Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s); Capacitación; Infraestructura y equipamiento; Gestión; y Reorganización Institucional”.

Segú refleja este mismo informe, Sonora fue la última entidad en incorporar el nuevo sistema de justicia penal, en 2015, junto con Ciudad de México, Michoacán y Baja California Sur.

Hay que recordar que durante el sexenio de Guillermo Padrés fueron muy pocos los recursos materiales y humanos destinados a la implementación del también conocido como nuevo sistema acusatorio penal, producto de la reforma judicial que se llevó a cabo en 2008.

Las entidades federativas contaban con un plazo de ocho años para instrumentar todas las reformas que implicaba este sistema que a la fecha de hoy ha sido responsabilizado por muchos sectores de la sociedad en Sonora y en el país de los altos índices delincuenciales.

Como bien han señalado expertos en el tema, el problema no es el sistema en sí, el cual pretende modernizar la aplicación de justicia en el país, sino la deficiente aplicación del mismo.

En el caso de nuestra entidad, el actual gobierno encabezado por Claudia Pavlovich, que asumió sus funciones en septiembre de 2015, designó a Raúl Guillen López como secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El jurista anunció el 30 de mayo de 2016 que Sonora se sumaba a los hasta ese momento 16 estados que ya habían implementado la reforma judicial, apenas diecinueve días antes de que terminara el plazo para ello, es decir, el 18 de junio. (En febrero de este año Guillén renunció a su cargo).

Sonora, poco favorecida en recursos

En el capítulo 4, titulado “Recursos del Fondo de Aportaciones para las Seguridad Pública (FASP)”, nuestro estado es de los menos favorecidos, o dicho de otra forma, de los que menos recursos ha captado para la implementación del nuevo sistema de justicia.

En lo que va de 2017, Sonora no ha recibido un solo peso en los rubros:

1.-Inversión convenida en capacitación para facilitadores y ministerios públicos orientadores para el fortalecimiento de los Órganos Especializados en MASC y UAT en las entidades federativas.

2.-Inversión convenida para la capacitación de policía en funciones de seguridad procesal.

3.-Inversión convenida en infraestructura y equipamiento para el Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas.

Sí ha obtenido recursos en los siguientes apartados:

1.-Inversión convenida en infraestructura y equipamiento para el fortalecimiento de los Órganos Especializados en MASC y UAT en las entidades federativas: 591 mil pesos, cinco veces menos que estados como México o Aguascalientes.

2.-Inversión convenida en infraestructura y equipamiento para la creación y/o fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de las Entidades Federativas: $2,453,748.00, siendo el tercer estado en mayor captación de recurso en este renglón, detrás de Nuevo León y Puebla.

3.- Inversión convenida para la capacitación de los evaluadores de riesgos procesal y supervisores de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de las Entidades Federativas: 844 mil pesos.

4.- Inversión convenida para la capacitación de los Asesores Jurídicos de Víctimas: 166 mil pesos.

Un total de alrededor de cuatro millones de pesos; el Distrito Federal, únicamente en el rubro “Inversión convenida en infraestructura y equipamiento para el Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas” obtuvo una cifra semejante en este año.

Los retos

El informe también establece diez acciones focalizadas para fortalecer la consolidación del sistema de justicia penal en el país.

Simplificar el informe policial homologado; fortalecer las Unidades de Medidas Cautelares; impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias; racionalizar los recursos humanos y financieros conforme a los modelos de gestión.

Asimismo resalta el impulso de las unidades estatales de policía procesal, el diseño y aplicación de indicadores que evalúen el propio sistema, la profesionalización y actualización de policías, ministerios públicos, peritos y personal del sistema penitenciario.

Avanzar en la implementación del sistema integral de justicia penal para adolescentes, fortalecer la figura de los asesores jurídicos de las víctimas e impulsar un modelo nacional homologado de justicia terapéutica en la ejecución de sanciones penales.